Los diputados aprueban la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó con cambios la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que la regresó al Senado de la República para la revisión y aprobación solo de los artículos modificados.

Con 396 votos a favor y 34 abstenciones, los diputados avalaron dicha legislación que marca el primer ordenamiento que se tendrá para integrar el sistema nacional de transparencia y parte del andamiaje jurídico para la creación del sistema nacional anticorrupción.

Entre los cambios más destacados fue eliminar un párrafo del Artículo 23, en el cual se establecía que los cargos en el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Inai) serán de confianza. Al quitarlo, los trabajadores de este organismo conservarán sus derechos laborales y su pertenencia al apartado B de los empleados del Estado.

Poco antes de concluir la sesión y de abrir el tablero para votar el dictamen, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, propuso incorporar un párrafo al Artículo 23.

Indica que “los trabajadores de confianza del Inai quedarán sujetos al régimen establecido en la fracción 14 del apartado B del Articulo 123 de la Constitución”, el cual fue avalado en votación económica, tras ser sometido a discusión.

Al inicio de la sesión se propuso y se avaló una adenda al dictamen en la cual se define que en seis meses, a la entrada en vigor de esta ley, el Inai establecerá sus lineamientos internos principalmente para su operación y la aplicación de la ley en la que se definirán los 850 sujetos obligados a la transparencia y rendición de cuentas.

Los sujetos obligados es cualquier autoridad, entidad, órgano, organismo, partidos, fracciones políticas y órganos de gobierno del Congreso, así como fideicomisos y fondos públicos, y cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad.

Otras modificaciones por las cuales se devolvió al Senado esta minuta fueron un artículo transitorio donde se reduce de 18 a 12 meses el plazo que tendrán los sujetos obligados para que adecuen su normatividad interna con relación a esta legislación.

Se cambió “salario mínimo” por el de “Unidad de Medida Actualizada (UMA)”, para fijar las sanciones a quien violente la ley, y también se quitó el término Distrito Federal por Ciudad de México.

Se avaló cambiar en el Artículo 91 para reducir de cinco a tres días el plazo para entregar la información solicitada a los sujetos obligados, debido a que como estaba redactado había inconsistencias con otras normatividades en la materia.

También se aceptó modificar el Artículo 46 para garantizar el derecho de las partes a la información ante la excusa que podrían argumentar los comisionados del Inai ante la solicitud de un dato en particular.

Otro cambio fue al Artículo 99, en el cual se establece que es necesario dar prioridad al principio de la máxima publicidad, por lo que se propone facultar al Inai para desclasificar la información relacionada con violaciones a derechos humanos o delitos de lesa humanidad.