Asambleístas aprueban Ley3de3 y será obligatoria para funcionarios de la CDMX
La Ciudad de México se convirtió en la primera entidad mexicana en hacer obligatorias las declaraciones patrimonial, fiscal y de interés, premisa de la iniciativa ciudadana conocida como Ley 3de3, al aprobar por unanimidad la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas.
Con esto, la capital mexicana se adelanta al Senado de la República, donde las leyes secundarias en materia de corrupción están atoradas por la falta de acuerdos entre los partidos políticos, principalmente por la 3 de 3, propuesta que ha causado controversia entre los legisladores de oposición y los del PRI y Verde; estos últimos plantean eliminar la obligatoriedad de las declaraciones.
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La nueva legislación obliga a funcionarios capitalinos a declarar de manera obligatoria sus declaraciones y establece los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad y organismo de los tres poderes de la unión locales y amplía el catálogo de sujetos obligados.
El diputado promovente de la norma, Víctor Hugo Romo Guerra, del PRD, aseguró que la aprobación coloca a la capital como una ciudad de vanguardia y que es un primer paso para desterrar la impunidad.
Los puntos principales de la Ley
- Obliga a todos los funcionarios, colaboradores de sujetos obligados, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular a que hagan públicas sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses; y se les dará un seguimiento puntual y permanente.
- Reduce los tiempos de las solicitudes de información, por lo que disminuirían de 20 a 8 días como plazo máximo; respecto a la substanciación de los recursos de revisión pasaría de 50 a un lapso de 30 días, y para garantizar la gratuidad de la información se duplicaría el número de fojas de los sujetos obligados que deberán entregar, por lo que serían de 50 a 100 fojas.
- Da acceso a la información de órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos, o realice actos de autoridad ante la Federación, entidades federativas y municipios; así como a universidades públicas, quienes también estarán obligadas a transparentar su administración sin desproteger los datos personales que tengan en su poder.
- Regula la organización y funcionamiento del Sistema local de Transparencia.
- Otorga al InfoDF la facultad de interponer acciones de inconstitucionalidad que vulneren el derecho de acceso a la información pública.
- Establece que los sujetos obligados pongan en internet su información pública de oficio en formatos abiertos e incentiva a los sujetos obligados a publicar información adicional a la que establece la norma.
- Crea el Consejo Consultivo cuyo nombramiento estará a cargo de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).
