El Gobierno de Quintana Roo responde a #LosPiratasDeBorge
El gobierno estatal de Quintana Roo rompió el silencio después de 15 días. En una carta enviada a Expansión, el secretario de Gobierno, Román Quian, sostiene la inocencia del gobernador saliente, Roberto Borge, en el esquema de despojo por medio de juicios laborales amañados, revelado el 6 de julio por Expansión y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
En la carta, Román Quian afirma que “la autonomía funcional y capacidad de dictar resoluciones en materia de conflictos obrero patronales es responsabilidad exclusiva de las Juntas de Coordinación y Arbitraje", y señala que “no existen mecanismos ni jurídicos ni administrativos que permitan inferir la intervención de actores diferentes a quienes se desempeñan en dichas funciones”.
El documento, fechado el 20 de julio en Chetumal, rechaza los señalamientos que “pretendan establecer de manera directa o indirecta, su tolerancia institucional o la participación consensuada de los miembros de la Administración Pública en los hechos narrados”.
Expansión y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad publicaron la investigación “Los Piratas de Borge: el saqueo institucionalizado en Quintana Roo”, donde se da cuenta de la afectación que empresas y particulares han tenido a su patrimonio a través de juicios laborales amañados, en una estructura en la que están involucrados funcionarios de la administración de Roberto Borge. El reportaje documenta varios casos con el mismo modus operandi en Cancún y Tulum en donde a fin de cobrar laudos, se ha retirado dinero líquido de cuentas bancarias y se despojó de inmuebles a compañías y personas que nunca se enteraron que eran parte de un juicio.
La investigación también da cuenta de que, por varias vías, los afectados enteraron al gobernador Roberto Borge y buscaron frenar el actuar de los funcionarios de la administración estatal. Lo hicieron con desplegados, notas de prensa local, manifestaciones y hasta mesas de trabajo con empresarios y el propio gobierno, sin que nada tuvieran efecto o consecuencias políticas ni judiciales.
El gobierno del estado señala la autonomía funcional de las Juntas de Conciliación y Arbitraje para dictar resoluciones, pero el artículo 60 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo señala que el Tribunal y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, cuentan con plena autonomía jurisdiccional, sin embargo, también señala que “el nombramiento y remoción del presidente del Tribunal, de la Junta Local y de los presidentes de las juntas especiales corresponde libremente al gobernador del estado”.
Dejamos aquí la carta integra :
