Amparo: El recurso legal de confianza de los ciudadanos ante abusos de autoridad
Diversos sectores de la ciudadanía han hecho del amparo su instrumento legal de confianza para protegerse de lo que consideran violaciones a sus derechos, o porque en su opinión contravienen lo establecido por la Constitución.
Aunque la medida no es nueva, recientemente se comenzaron a poner "de moda" estos recursos jurídicos para impedir que gobernadores, autoridades u organismos concreten actos que —a decir de los promotores de éstos— son ilegítimos, explica el abogado Luis Pérez de Acha.
"El hartazgo social está encontrando una válvula de escape institucional y los abogados estamos encontrando propuestas en el amparo para satisfacer a los ciudadanos", dice en entrevista el experto en Derecho Constitucional y Fiscal, que ha encaminado algunos amparos.
Igual las marchas de los maestros inconformes con la reforma educativa, que las medidas de gobernadores salientes para 'blindarse' de investigaciones anticorrupción, ciudadanos y organismos civiles inconformes con las acciones u omisiones de las autoridaes han recurrido al amparo.
Pérez de Acha, que promovió un recurso junto con la organización Mexicanos Primero el año pasado para que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sancionara el mal uso de recursos públicos destinados a la educación, comenta que con la reforma de 2011 a la Ley de Amparo se amplió el ámbito de protección a los derechos humanos y se incluyó el interés legítimo.
Gracias a este concepto, añade el litigante, un mayor número de ciudadanos se ha amparado contra las autoridades por casos que considera abusos, como en temas de corrupción y finanzas públicas.
“El interés legítimo juega a la par de otro técnico, interés jurídico. El interés jurídico solamente lo tienen aquellos que resultan directamente afectados. El interés legítimo busca proteger derechos colectivos”, abunda.
Éstos son algunos ejemplos recientes de cómo grupos de la sociedad civil se defendieron.
Mexicanos Primero vs. Acuerdos Segob-CNTE
Por considerar que los acuerdos que se hicieron entre autoridades de la Secretaría de Gobernación (Segob) con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en 1992, 2013 y 2015 eran ilegales, la organización Mexicanos Primero interpuso un amparo ante el Poder Judicial de la Federación para que éstos perdieran validez.
El juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa reconoció que los compromisos de la Segob con la Sección 22 del magisterio —que representa a los profesores en Oaxaca—, tales como la asignación de plazas a docentes a criterio del sindicato, nombramientos de funcionarios en el Instituto Estatal de Educación de Oaxaca (IEEPO) y el derecho a no ser despedido en razón de un mal resultado en las evaluaciones, violaban el Artículo 3 de la Constitución.
Empresarios vs. CNTE
El martes 2 de agosto, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) presentó un amparo por las omisiones de los gobiernos federal, estatales y municipales para salvaguardar los derechos humanos de los empresarios y ciudadanos ante los actos de la CNTE.
El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, explicó que en el documento se señaló al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, al secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a los procuradores y a los gobernadores de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán.
El amparo fue admitido por el juez Federal Décimoprimero de Distrito en Materia Administrativa, y estableció el 20 de septiembre próximo como la fecha para la audiencia constitucional del juicio.
Mexicanos contra la Corrupción vs. Deuda de Chihuahua
El Despacho de Investigación y Litigio Estratégico (DILE) —de la asociación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad—, logró frenar la autorización del Congreso de Chihuahua para que el gobierno pudiera acceder a una deuda por 6,000 millones de pesos.
De acuerdo con DILE, este aval constituía una acción inconstitucional, toda vez que contraviene el Artículo 117 Constitucional que prohíbe al estado contratar financiamiento en los últimos tres meses de gobierno.
Ciudadanos vs. 'Blindaje' de Borge
Un grupo de activistas de Quintana Roo presentó un amparo el pasado 3 de agosto contra las reformas a la Ley de Seguridad Pública de la entidad que permiten al gobernador y a su familia contar con guardaespaldas proporcionados por el estado durante 15 años.
Los inconformes impugnaron también la disposición estatal para que el nuevo Fiscal General del Estado y el Auditor Superior en la entidad duren en sus cargos nueve y siete años, respectivamente.
Ciudadano vs. Gobierno de la CdMx
El Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa otorgó al ciudadano John Andrew Auping Birch, un amparo para que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de la Ciudad de México retirara un plantón de la CNTE, por obstruir el libre tránsito en la Avenida Bucareli.
La autoridad indicó que el bloqueo provocó una obstrucción considerable a la circulación de los vehículos que afectó el libre tránsito, lo que incidió en la productividad del área y el derecho a un ambiente sano.
