Las acusaciones que pesan en contra del exgobernador Guillermo Padrés

El exgobernador de Sonora Guillermo Padrés —quien este jueves se entregó a la justicia— enfrenta una investigación a nivel federal por enriquecimiento ilícito y desvío de recursos, así como una revisión a sus finanzas personales, ante acusaciones por millonarios desvíos de recursos públicos.

Padrés —con una trayectoria de casi 20 años en Acción Nacional, interrumpida por una suspensión a sus derechos como militante— también encara acusaciones a nivel local por parte de la administración de la actual gobernadora, Claudia Pavlovich, que ha detectado daños a las arcas públicas locales por más de 30,000 millones de pesos (mdp) durante el sexenio pasado.

Ante los procesos en su contra, Padrés ha promovido una cascada de amparos como estrategia de defensa jurídica, la cual está a cargo del panista Antonio Lozano Gracia. El recurso más reciente a favor del exmandatario fue otorgado para suspender cualquier orden de aprehensión por delitos menores, por lo que no tendría efecto en caso de defraudación fiscal ni lavado de dinero.

Orden de aprehensión

La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó en septiembre una orden de aprehensión en contra de Padrés, confirmaron a Expansión fuentes gubernamentales; por razones de sigilo, no se pudieron obtener mayores detalles. Un reporte de La Jornada que cita fuentes del Poder Judicial menciona que la solicitud refiere faltantes en el erario por más de 30,000 millones de pesos, lo cual coincide con la cifra de irregularidades dada a conocer por el contralor general del estado.

En junio, la gobernadora Pavlovich urgió a la PGR a proceder “con eficacia” en las denuncias sobre corrupción presentadas en el ámbito federal y garantizar que no quedaran impunes dichos casos.

“Los sonorenses hemos seguido al pie de la letra cada petición de información para la integración de los expedientes y no encontramos en las respuestas de la Procuraduría General de la República la resolución de varias averiguaciones previas”, enfatizó entonces a través de un video publicado en sus redes sociales.

Además, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) revisa las finanzas personales de Padrés, según confirmó el 25 de agosto a Grupo Fórmula el abogado del exgobernador, y abundó que la indagatoria da cuenta en particular de depósitos bancarios realizados entre 2009 y 2012 por 2 millones de pesos, los cuales no coincidían con sus ingresos declarados.

200 indagatorias

En paralelo a las investigaciones federales que lleva la PGR, el gobierno de Sonora ha integrado al menos 200 expedientes relacionados con la administración de Padrés, informó desde febrero Odracir Espinoza Valdez, titular de la Fiscalía Especializada para la Investigación de Hechos de Corrupción, organismo creado luego de que Pavlovich asumió el cargo, en septiembre de 2015.

Derivado de estas indagatorias, la administración sonorense ha asegurado de manera precautoria propiedades de Padrés, incluyendo un cateo de la Policía Estatal Investigadora y elementos de la Fiscalía Anticorrupción a un rancho propiedad del exgobernador. Los peritos también revisaron las ruinas de una presa hidráulica que el entonces gobernador construyó, y que las autoridades federales ordenaron destruir porque estaba en un cauce federal y acaparaba agua de uno de los afluentes del río Sonora; Padrés señaló que las actuaciones tenían tintes políticos.

El gobierno de Pavlovich, quien hizo del castigo a la corrupción una bandera de su campaña, ha señalado que durante la administración de su antecesor hubo quiebra del sector salud, dobles nóminas, falta de infraestructura educativa y de bienes como camiones, daños en la infraestructura carretera a pesar de que hubo dinero para mantenimiento e irregularidades fiscales al "perdonar" el pago de impuestos a empresas en las que participan socios, amigos y familiares de colaboradores de Padrés, y hasta del mismo exgobernador, así como “malos manejos” en las finanzas estatales, referidas a deuda pública y pendientes de pagos por 7,000 millones de pesos a proveedores.

Los otros acusados

Junto con Padrés, varios de sus exfuncionarios están señalados. El exsecretario de Agricultura, Héctor Herminio Ortiz Ciscomani, fue detenido por el delito de ejercicio abusivo de funciones, relacionado con el supuesto otorgamiento indebido de apoyos económicos provenientes de convenios para el desarrollo rural, informó la PGR el pasado 30 de agosto.

El exdirector de Auditoría Fiscal del Servicio de Administración Tributaria, Roberto Ávila Quiroga, fue detenido el 4 de agosto y el día 22 recibió auto de formal prisión por el mismo delito.

Otros exfuncionarios procesados son Francisco Arnaldo Monge Araiza, excoordinador del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, y el exsecretario de Comunicación Social, Jorge Morales Borbón, preso en un penal de Hermosillo por el delito de extorsión.