Los alcaldes de Veracruz abren un nuevo frente para el gobierno estatal

El gobierno de Veracruz no sólo encara acusaciones de corrupción y altos índices de inseguridad. Ahora también debe enfrentar un nuevo conflicto, en el que decenas de los 212 alcaldes del estado acusan un adeudo millonario que, aseguran, pone en riesgo la conclusión de obras públicas en sus localidades, así como el pago a empleados y proveedores.

A finales de la semana pasada, los presidentes municipales tomaron el Palacio de Gobierno en protesta por la situación. Consultados por Expansión este lunes, advirtieron que permanecerán en el lugar hasta que los recursos sean entregados.

Los hechos se desarrollan a un mes de que Veracruz cambie de autoridades estatales. El próximo 1 de diciembre asumirá como gobernador el panista Miguel Ángel Yunes Linares, quien en las elecciones de junio logró acabar con más de 80 años de gobiernos del PRI.

Yunes Linares llegará al cargo que de diciembre de 2010 hasta el pasado 12 de octubre tuvo el expriista Javier Duarte, quien solicitó licencia en medio de señalamientos en su contra por posible desvío de recursos y otros actos corruptos.

Duarte está formalmente acusado por las autoridades federales y, mientras se realiza su búsqueda, sus propios excompañeros de partido le atribuyen ser el responsable de los problemas que enfrenta Veracruz.

Paul Martínez Marie, alcalde priista de Perote, dijo que, tan sólo en su municipio, 37 obras públicas están detenidas como consecuencia directa de que la administración de Duarte no entregó los fondos federales que debía, una acción que los inconformes tachan de ilegal.

En la misma línea, César Ulises García Vázquez, edil de Coatzintla y militante del PRD, señaló que el problema no ha sido atendido por el gobernador interino, Flavino Ríos.

“Ha habido opacidad, ha habido una bandada de ladrones. Lo digo con mucha puntualidad: el que se fue (Duarte) tranquilamente anda perdido y el que llegó (Ríos) no dice: ‘Voy a denunciar’. A ver, dónde están los recursos. Nada más dice: ‘No hay’. Y el secretario de Finanzas (Antonio Gómez Pelegrín) dice tranquilamente: ‘Los recursos sí llegaron, pero se utilizaron para otros rubros’. Es un vil cinismo con el que se están conduciendo”, dijo.

Por la mañana del lunes, Ríos reconoció en una entrevista radiofónica que el adeudo asciende a 3,300 millones de pesos. El dinero, proveniente de fondos federales, fue utilizado para otros temas considerados prioritarios, como seguridad y pago a maestros, y las autoridades estatales ahora solicitan ayuda a la Federación.

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El “colapso” veracruzano

Miguel Ángel Yunes Márquez, alcalde de Boca del Río y militante del PAN, señaló que los recursos no fueron entregados desde hace al menos cuatro meses, a pesar de que estaban etiquetados para rubros específicos.

“Los municipios grandes hemos podido sobrevivir con recursos propios, pero los ayuntamientos pequeños muchos ya colapsaron. El día de hoy cerró el ayuntamiento de Apazapan, en quiebra total, y eso es lo que tiene en colapso a todo Veracruz”, dijo el panista, quien es hijo del gobernador electo.

Ante la situación, los alcaldes inconformes piden apoyo del gobierno federal y ya presentaron denuncias en la Procuraduría General de la República (PGR) y recursos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Sin embargo, según Yunes Márquez, la PGR no ha reportado avances en sus investigaciones, mientras que la resolución de controversias constitucionales en la SCJN puede tardar meses.

“Confiamos en la intervención de la Federación para apoyarnos. Es algo que pudiera colapsar a los municipios, incluso dejar de pagar a nuestra gente la nómina”, dijo el alcalde Martínez Marie.

Por la noche del lunes, el gobierno estatal informó en un comunicado que Ríos se reunió con 95 alcaldes y que tiene "plena voluntad" para solucionar el conflicto. Sin embargo, todos los asistentes al encuentro eran militantes del PRI, lo que los ediles de oposición criticaron por considerarlo un acto de favoritismo.

Veracruz es el tercer estado más poblado de México. Por ello, es considerado un estado clave para los comicios presidenciales de 2018, en los que el partido del presidente Enrique Peña Nieto, el PRI, buscará mantener el poder.

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