El ABC de la nueva Ley de Vivienda para la Ciudad de México

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó este martes la nueva Ley de Vivienda para la Ciudad de México, con la que se busca garantizar que los habitantes de la capital tengan acceso a viviendas dignas y se promueva una urbanización “inclusiva y sostenible”.

Te presentamos los principales puntos de este documento, el cual sustituirá a la legislación vigente desde marzo del 2000 y cuya última reforma se llevó a cabo en noviembre de 2014.

Lee: La Asamblea Legislativa aprueba una nueva ley de vivienda para la capital

1. Autoridades guía

La ley establece que el Gobierno de la Ciudad de México será el responsable de diseñar y ejecutar la política en la materia, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi). Para ello, al inicio de su gestión, cada gobernante capitalino tendrá que enviar al Poder Legislativo local su Programa Sectorial de Vivienda, en el que se tendrá que incluir un diagnóstico del tema, acciones con un horizonte a seis años, metas y ejes congruentes con los programas de ordenamiento territorial y derechos humanos.

2. Aprovechamiento del suelo

El gobierno capitalino y el Poder Legislativo local también tendrán que coordinarse para determinar medidas administrativas o legales “que propicien o induzcan el aprovechamiento o un mejor aprovechamiento del suelo”. Como parte de ese proceso, tendrán que definir reservas territoriales y, dentro de éstas, zonas aptas para la construcción de vivienda.

3. Bolsa de suelo

Además, la ley contempla que las autoridades definan una bolsa de suelo, es decir, "el conjunto de predios con vocación urbana y habitacional, debidamente inscritos, que formen parte la reserva territorial de la ciudad". Una vía para la conformación de esta bolsa es recurrir a terrenos no utilizados.

4. El trabajo de la Seduvi

La Seduvi, por su parte, será responsable de elaborar programas especiales de vivienda, de vigilar que los programas de construcción promovidos por el sector privado cumplan los requisitos fijados por la autoridad, así como de elaborar y operar un nuevo Sistema de Información de la Vivienda.

5. El nuevo sistema de información

Se trata de una nueva herramienta que buscará que tanto las autoridades como los ciudadanos tengan datos actualizados sobre esta materia. La legislación contempla que el sistema incluya información sobre aspectos como inmuebles con rezago, arrendamiento y necesidades en este campo.

6. El Invi y los sectores vulnerables

El Instituto de Vivienda (Invi), que también forma parte del gobierno capitalino, tendrá la tarea de facilitar el acceso a casas a los ciudadanos de menores recursos o considerados en situación vulnerable. Para ello, otorgará créditos, diseñará esquemas de financiamiento para la autoconstrucción y elaborará incentivos para que en las casas se adopten tecnologías para el aprovechamiento sustentable de recursos como el agua y la energía eléctrica.

7. El valor de las viviendas

Sobre este punto, la nueva ley mantiene los criterios de la aún vigente. Una vivienda de interés social es la que tiene un precio máximo de venta de 5,400 veces la Unidad de Cuenta vigente en la ciudad (el equivalente a 387,072 pesos), en tanto una vivienda de interés popular está entre 5,400 y 9,000 veces este monto (es decir, hasta 645,120 pesos).

8. Los requisitos para un crédito

La ley establece que, para ser beneficiario de un crédito del instituto, se deberá ser residente de la ciudad, no ser dueño de una vivienda —si se es propietario, sólo se podrá acceder a un préstamo por concepto de rehabilitación, ampliación o mejoramiento—, comprometerse a habitar el inmueble y entregar documentación que compruebe ingresos.

9. El nuevo Consejo de Vivienda

Para lograr una mejor coordinación entre autoridades y una planeación más sólida, la ley ordena que se cree un Consejo de Vivienda que pueda emitir propuestas y opiniones sobre la política y los programas en la materia. Deberá sesionar al menos una vez cada tres meses y, cuando entregue comentarios a una autoridad, ésta tendrá un plazo máximo de 60 días hábiles para responderle.

Este órgano será presidido por el jefe de gobierno o, en su ausencia, por el titular de la Seduvi. El secretario técnico será el director del Invi y el resto de los asientos los ocuparán los legisladores locales que presidan las comisiones relacionadas con el tema, un representante de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), representantes de otras dependencias, de las delegaciones, de los colegios de urbanistas y cámaras empresariales y uno de la sociedad civil.

10. Captación de plusvalias

La ley aprobada incluye un punto polémico: la captación de plusvalías, que implica que el Estado se quede con la plusvalía que genere una vivienda, bajo el argumento de que ésta aumenta gracias a las obras públicas que realiza la propia autoridad (como poda, reforestación, reencarpetamiento o cambio de luminarias).

Esta misma semana, dicho concepto generó controversia en la Asamblea Constituyente, donde se discute la primera Constitución para la capital. Frente a esto, los diputados del órgano resolvieron quitarlo de los documentos a debate, pero, en paralelo, la ALDF lo mantuvo en lo que avaló.

A la letra, el texto que salió de la ALDF dice: “El gobierno de la Ciudad de México deberá generar e implementar mecanismos para la captación de plusvalías, generadas por las acciones urbanísticas”. Quienes defienden este punto rechazan que se trate de un impuesto que se cobrará a los capitalinos, mientras quienes lo critican advierten que claramente se trata de un gravamen.

Debido a esta polémica, los diputados locales Leonel Luna y Dunia Ludlow, promotores de la ley, dijeron este jueves que la ALDF quitará el término "plusvalía" de la norma, de acuerdo con un reporte de la agencia Notimex.

Lee: El cobro de plusvalía fuera de la Constitución, pero en ley de vivienda de la CDMX

11. Las sanciones

En materia de sanciones, la ley establece que la Seduvi y el Invi podrán presentar denuncias por posibles violaciones a la norma y que las autoridades podrán imponer diversas sanciones.

Por ejemplo, si se detecta que una organización social de vivienda busca hacer negocio —cuando por definición debe promover la construcción de vivienda sin fines de lucro—, el Invi podrá concluir los convenios que tenga con ella. Además, si una empresa desarrolladora ejecuta obras distintas a las autorizadas, tendrá que demolerlas, e incluso quedará sujeta a una suspensión temporal, la cancelación de la autorización, multas o a que se cancele su registro ante la Seduvi hasta por un plazo de seis años.

12. El dinero

En cuanto al presupuesto que el gobierno capitalino podrá destinar a vivienda, la ley señala que “deberá actualizarse conforme a la inflación y tener un carácter progresivo”.

13. Diagnósticos locales

Las delegaciones capitalinas —que próximamente se convertirán en alcaldías, de acuerdo con la reforma política de la Ciudad de México— estarán obligadas a hacer diagnósticos de las necesidades de vivienda en sus territorios. Al respecto, el dictamen que se aprobó en la ALDF incluye datos como el precio por metro cuadrado en las demarcaciones. Según el documento, la más cara es Miguel Hidalgo, donde asciende a 46,058 pesos, y le siguen Cuajimalpa (36,919 pesos) y Álvaro Obregón (31,363 pesos).