Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo, suma demandas de juicio político

El exgobernador de Quintana Roo Roberto Borge acumula demandas de juicio político en su contra por desvío de recursos públicos, enriquecimiento ilícito, cohecho y peculado supuestamente cometidos durante su gestión (2010-2016).

El empresario de Playa del Carmen Carlos Mimenza presentó este lunes y martes nuevos recursos ante el Congreso del estado y el Senado de la República, mismos que alcanzan al exalcalde del municipio de Solidaridad y excandidato del PRI al gobierno del estado, Mauricio Góngora, y a otros 24 exfuncionarios de su gobierno y de esta localidad.

En entrevista, el empresario originario de Cozumel señaló que la demanda de juicio político es porque los entonces funcionarios utilizaron cargos de elección popular y de designación para distraer recursos públicos tanto estatales como federales para su provecho personal.

Mimenza indicó que todos los miembros del anterior cabildo de Solidaridad, a excepción de una regidora, son los que tienen en su contra demandas de juicio político.

“Se otorgaron contratos millonarios a sociedades mercantiles para beneficio personal y de las familias de los mismos políticos con recursos federales para hacer obras que no se llevaron a cabo, que fueron cotizadas muy caras o que se hicieron para bien de ellos”, señaló.

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Una de ellas, detalló, fue la otorgada por el ayuntamiento de Solidaridad a la empresa Playaren del Caribe, SA de CV, para la construcción de una avenida a través de recursos del Fondo de Contingencias Económicas, que no es para obra pública.

“El cabildo aprobó la realización de una avenida de acceso a la colonia Cristo Rey y, para ello, bajaron 158 millones de pesos de recursos federales del Fondo de Contingencias, y fueron utilizados para hacer una obra en terrenos particulares en una colonia que en ese momento era irregular y que se formó en terrenos de Marciano Toledo Sánchez, papá el diputado federal del PRI José Luis Toledo”, aseguró.

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Leonardo Damiel Kamul, defensor de derechos humanos y abogado del empresario, recordó que el juicio político se puede presentar hasta un año después de que los servidores públicos hayan dejado su cargo, con el objeto de inhabilitarlos y para que el Congreso federal le solicite al Ministerio Público federal el ejercicio de la acción penal.

La demanda por juicio político se suma a la presentada, en noviembre del año pasado, por la asociación civil Somos Tus Ojos, que acusa a Roberto Borge de haber desincorporado 44 predios propiedad del estado para venderlos a precios "irrisorios" a empresarios, familiares, políticos y funcionarios cercanos, lo que habría causado daños al erario de al menos 1,099 millones de pesos.

Además, en ese mismo mes, la nueva administración de Quintana Roo, que encabeza Carlos Joaquín, presentó una denuncia penal en contra de Borge, por rematar los terrenos de propiedad pública y los despojos realizados durante el pasado sexenio a través de juicios laborales amañados.

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Ve conexión con Veracruz

El empresario señaló que también presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de Borge con las mismas acusasiones, pero en ella incluyó al exgobernador de Veracruz Javier Duarte, al señalar que a través de empresas ligadas a este último también se desviaron recursos de Quintana Roo.

Mimenza aseguró que presentó a la PGR los elementos para probar la relación de negocios de ambos mandatarios, pero señaló que por estrategia jurídica no podía revelar detalles.

Lo único que adelantó es que la conexión es “a través de Grupo Intra, que tiene más de 40 empresas a través de las cuales se le dieron contratos en adjudicaciones directas".

“Grupo Intra, que pertenece a Francisco Ruiz Anitúa y Javier Ruiz Anitúa; casualmente Francisco Ruiz es compadre de Roberto Borge y Javier Ruiz es compadre de Javier Duarte; ellos se beneficiaron a través de una de sus filiales a la empresa Rumega, SA de CV, con contratos millonarios, prácticamente a dos meses de entrar Roberto Borge; en los primeros nueve meses de su mandato, les entregó más de 80 millones de pesos de contratos”, señaló el empresario.

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Mimenza aseguró que no le interesa ningún cargo público y que denuncia porque está cansado de las extorsiones, la inseguridad y la corrupción que se vive en el estado.

“Yo crecí en Cozumel y crecí con todos los políticos de Quintana Roo, jamás he ocupado ningún puesto público ni tampoco tengo ninguna empresa que haya licitado alguna obra de gobierno y no tengo interés político", dijo.

“La gota que derramó el vaso (para denunciar) fue cuando entraron a mi oficina, amarraron a todos mis empleados, encañonaron a mis familiares para robarnos la nómina y comenzaron a hacer llamadas de amenazas. Teníamos dos caminos: irnos a vivir fuera de México o quedarnos y hacer una lucha frontal, y yo no estoy dispuesto a abandonar a mi país”, afirmó.

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