Transparencia y leyes unificadas, armas contra la corrupción en la obra pública

¿Te imaginas que desde el momento en que se conciba una obra pública exista un historial que registre cada una de sus etapas, para vigilar que en todo momento se realice con los debidos estándares de calidad?

Pues esto no es solamente una idea. Es una de las propuestas concretas que expertos y organizaciones civiles buscan impulsar para combatir la corrupción en este rubro.

Entre los promotores de dichos planteamientos están México Evalúa, Ethos, Transparencia Mexicana y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), que tienen un proyecto de Ley de Obras Públicas y de Adquisiciones cuyo objetivo es reducir al mínimo o incluso desaparecer los huecos que dan pie a prácticas deshonestas.

Uno de los puntos de partida de esta propuesta es hacer notar que se debe vigilar todo el ciclo de vida de una obra, desde el momento en que se idea o anuncia —muchas veces en campañas electorales— hasta que comienza a operar. Con base en ese enfoque, se desarrollan otros aspectos sobre lo que se debe tomar en cuenta.

Antes de su concepción

1. Planes que transciendan a los gobiernos y estén bien fundamentados

Hoy, las obras con frecuencia empiezan en una campaña electoral —cuando los candidatos se comprometen a realizar acciones a cambio de recursos o apoyos—. Los especialistas coinciden que se debe corregir esto y contar con planes de desarrollo y políticas públicas que de verdad cumplan con las necesidades de una localidad e independientemente del gobierno en turno.

Mariana Campos, de México Evalúa, señaló que en la fase de precontratación aún no está institucionalizado un proceso adecuado de planeación de proyectos de infraestructura, que realmente identifique qué se quiere atender y cómo.

"Estos procesos no deben atender objetivos políticos ni promesas de campaña, sino deben atender a un análisis objetivo de las necesidades del país, económicas y sociales, y para esto se propone que se hagan diagnósticos e inventarios de infraestructura y de los indicadores del país, pero realizados por un equipo técnico, no por un equipo político", dijo.

La experta citó como ejemplo el caso de Reino Unido, donde un organismo autónomo se encarga de hacer los diagnósticos y la planeación de los proyectos.

En la contratación

2. Bases de datos completas y públicas

A partir de que se decide realizar una obra, se debe hacer pública toda su información. Esto incluye el recuento de todo el procedimiento para adjudicar un contrato, cuántas personas participaron, cuántas juntas se efectuaron, qué dudas hubo en los términos de la contratación, quién ganó y por qué, si se descalificó a los participantes y por qué razones, así como los requerimientos para los concursantes, la agenda y el diagnóstico.

De acuerdo con Yahir Acosta, director del Laboratorio Jurídico de Ethos, el siguiente paso es crear herramientas tecnológicas, plataformas de contratación abierta y formatos de datos abiertos para transparentar todo el proceso de contratación pública y seguir en tiempo real el gasto federalizado.

"(Deben hacerse públicos) todos los pasos previos, el expediente técnico que se utilizó para justificar una obra, la necesidad de una obra, en el caso de que proceda el análisis costo-beneficio", comentó Acosta.

De acuerdo con el director de la organización Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, a esto se le llama "contrataciones abiertas", y consiste en una metodología que ya se está usando en otras partes del mundo.

Bohórquez detalló que se deben conectar las bases de datos de las secretarías de Finanzas de todos los estados, de Hacienda, de las equivalentes a la Función Pública, de las equivalentes a Compranet y de los sistemas de control y fiscalización de los órganos auditores.

3. 'Fact check' de empresas

Alfonso Hernández, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, consideró que así como debe haber un inventario de las obras, también debe haber uno de las empresas para dar certidumbre y verificar su autenticidad.

"Creo que es un asunto que hay que estudiar con mucho cuidado, porque buena parte de la corrupción de la obra pública tiene que ver con la existencia de empresas fantasma; entonces, en la medida que existan previsiones para evitar que este tipo de empresas participen en concursos de obra pública, en esa misma medida se va a empezar a abatir buena parte de la corrupción", dijo.

Campos añadió que actualmente el padrón de contratistas no ofrece información suficiente ni del desempeño de las empresas ni de su integridad, por lo que se debe reducir la asimetría de información que hay entre contratante y contratistas.

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Durante y después de la ejecución

4. Informes de rendición de cuentas

La fase de poscontratación, señaló Campos, es una de las que más preocupa, pues no existe información pública sobre la ejecución de los contratos.

"Hay obligación de publicar los datos de los contratos, pero de la ejecución de contratos no hay informes de rendición de cuentas, cuando en otros países es información pública. Tendríamos que tener información a nivel contrato del porcentaje de avance físico y financiero de esos contratos", comentó la especialista.

Campos agregó que existe una deficiencia de la información sobre la contratación pública, así como de estadísticas del Estado sobre la situación por contrato, su desempeño y ejecución, como para que pudiéramos saber cómo va avanzando la cartera de contratos del gobierno.

"Por ejemplo, hoy en día tenemos un informe trimestral que nos habla de las finanzas públicas y la ejecución del presupuesto público y se le entrega al Congreso, así tendríamos que tener una de ejecución de contratos", afirmó.

En el origen

5. Transformar el marco legal

Pero para que se asegure que todos los pasos anteriores se van a cumplir, es necesario que primero se establezca una legislación para todo el país en esta materia.

Bohórquez explicó que actualmente hay diferentes formas de vender o licitar obra pública en el territorio nacional, pues cada estado y cada poder del estado tienen las suyas, sumado a las excepciones que representan casos como Pemex y la CFE. Y esto, dijo el experto, incrementa los riesgos de corrupción.

"Los legisladores deben asumir la responsabilidad histórica de convertir las leyes de obras y las leyes de adquisiciones en verdaderos instrumentos anticorrupción, y crear mecanismos para aseguramos de que estas leyes apliquen a nivel nacional y no se dejen resquicios a la corrupción en ningún municipio o localidad", afirmó.

Por ejemplo, señaló Campos, se deben poner límites a la modificación de contratos y regular mejor los ajustes de costos.

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