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Panamá concede la extradición del exgobernador Roberto Borge

Conforme a la legislación panameña, el exmandatario de Quintana Roo contará con los medios de impugnación correspondientes a la resolución.
Imputaciones
Borge El exmandatario quintanarroense es acusado de enriquecimiento ilícito durante su gestión. (Foto: Especial)

El gobierno de Panamá concedió la extradición del exgobernador de Quintana Roo Roberto Borge Angulo, informó este lunes la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mediante un comunicado.

"Las autoridades del gobierno de México agradecen a las autoridades panameñas todo su esfuerzo y colaboración para dar trámite, atención y resolución a las solicitudes que presentó nuestro país, que permitieron, primeramente, lograr la captura inmediata del señor Borge el pasado 5 de junio cuando se disponía a partir hacia Europa; así como para resolver la concesión de su entrega con base en los compromisos asumidos por ambos Estados en el tratado de extradición suscrito en el año 2004", se lee en el documento.

El exmandatario había sido detenido en Panamá cuando intentaba viajar a Europa, luego de estar prófugo .

El pasado 7 de agosto la Procuraduría General de la República (PGR) había informado que el exgobernador podría llegar a nuestro país en un plazo no mayor a 60 días.

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La SRE y la PGR informaron que “Borge contará con los medios de impugnación correspondientes, por lo que las autoridades mexicanas continuarán dando seguimiento y atención a este procedimiento hasta lograr su entrega a nuestro país”.

Durante la administración de Borge como gobernador de Quintana Roo, una red conocida como #LosPiratasDeBorge remató terrenos de propiedad pública en dicha entidad turística a través de familiares, empleados y personas cercanas, y realizó despojos en diferentes lugares del estado.

Recomendamos: Los piratas de Borge y el robo del tesoro: 16,000 millones de pesos

Expansión y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad corroboraron cómo empresas y particulares fueron afectados a través de una maquinaria institucional operada por una red que involucra a funcionarios públicos del gobierno del miembro del priista Borge.

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La Secretaría del Trabajo local y las Juntas de Conciliación y Arbitraje fueron empleadas como instrumento para que supuestos trabajadores reclamaran indemnizaciones millonarias y dejaran sin su patrimonio a propietarios en las zonas turísticas de Quintana Roo, Tulum, Isla Mujeres y Holbox.
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