El caso Atenco llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos

“Yo me dirigí a San Salvador Atenco en mi calidad de activista social”. Así comenzó el relato de Bárbara Italia sobre las agresiones sexuales y a sus derechos humanos que ella y otras 30 mujeres vivieron en mayo de 2006 en esa localidad del Estado de México.

Esas palabras dichas en la primera audiencia pública, en marzo de 2013, fueron el inicio de un largo camino legal que culminará con la presentación del caso –11 años después– ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), última instancia del Sistema Interamericano en la materia y la cual está facultada para emitir sentencias vinculatorias para el Estado mexicano.

De las 31 mujeres agredidas, sólo 11 decidieron llegar a la comparecencia que se vivirá este jueves y viernes en San José, Costa Rica. Ellas son Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo.

A pesar del paso del tiempo, no han dejado de alzar la voz para que no se repita lo que ellas vivieron, y esperan que la sentencia que emita la CoIDH en 2018 siente un precedente en México para evitar más violaciones a los derechos humanos.

"Ha sido una lucha de largo aliento. Recibimos con júbilo que el caso ya esté en la Corte. Tuvimos que acudir a la justicia internacional para llevar al Estado a una sentencia, una condena. Fue difícil alzar la voz. Perseguimos un fin: justicia", dicen las denunciantes en un texto difundido recientemente por el Centro Prodh.

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La detención

En su primera presentación del caso, Méndez contó que en mayo de 2006 fue a Atenco a investigar la muerte del adolescente Javier Cortés Santiago, ocurrida durante el bloqueo a la carretera Texcoco-Lechería que fue montado luego de que floricultores que querían vender en la vía pública fueron desalojados del lugar por policías. Esa protesta derivó en una confrontación en la que sucedieron la detención de 80 personas y el cierre de la vialidad en el cual murió el joven.

Horas más tarde, las autoridades federales y estatales se reunieron y determinaron usar la fuerza pública para liberar la vía. Según la información que se ha dado a conocer, en el encuentro participaron el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, presidente de la República desde diciembre de 2012; su secretario de Gobierno, Humberto Benítez Treviño, y quien era el secretario de Seguridad Pública federal, Eduardo Medina Mora, hoy ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

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El conflicto entre pobladores y autoridades venía de años atrás, cuando a inicios del sexenio de Vicente Fox (2000-2006) en San Salvador Atenco nació el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), para oponerse a la expropiación de tierras para la construcción de un nuevo aeropuerto capitalino, un magno proyecto de infraestructura del gobierno federal.

En su testimonio, Méndez contó que, cuando llegó a la localidad, no pudo adentrarse más debido al cerco policial. Por ello, se quedó a dormir en una casa de la zona.

"Por la mañana comenzamos a escuchar helicópteros, yo escuché muchos golpes de puertas (...) Posteriormente, empezaron a golpear la puerta de la casa en donde yo me encontraba y entró, por la fuerza, la Policía Federal Preventiva (…) La PFP no me permitió explicarles, me golpearon y me pusieron contra la pared, hincada, con las manos en la cabeza", declaró.

De acuerdo con información recabada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), este testimonio es sólo un reflejo de que, desde el momento de su detención hasta días después de ser ingresadas a un penal, Méndez y otras 30 mujeres sufrieron violaciones a sus derechos de libertad e integridad, agresiones sexuales y tortura.

Por esos hechos, actualmente hay 38 personas procesadas, de las cuales 17 eran policías de la extinta Agencia de Seguridad Estatal (ASE), investigados por tortura, y las 21 restantes eran médicos señalados de encubrimiento. El 2 de julio de 2016, inició una acción penal en contra de un mando medio de la ASE, aunque la orden de aprehensión ha sido negada dos veces por el Poder Judicial estatal.

A la Corte

Dentro de México, el caso Atenco llegó hasta la SCJN, que en 2009 resolvió por mayoría que, si bien hubo violaciones a los derechos humanos, éstas no eran atribuibles a altos funcionarios como Peña Nieto y Medina Mora.

A nivel internacional, los testimonios de las víctimas sirvieron para que el asunto llegara hasta la CIDH y, en octubre de 2015, para que ésta resolviera a favor de las denunciantes . Ese año, el organismo recomendó al Estado mexicano investigar de manera efectiva los hechos e identificar y sancionar a los responsables, además de implementar medidas para evitar que se repitan otras situaciones similares.

Tras la resolución, desde enero de 2016 las mujeres se han reunido con representantes gubernamentales para exigir avances. Sin embargo, ante lo que consideró falta de resultados —pues México no inició ningún proceso para deslindar responsabilidades a nivel federal ni abrió líneas de investigación para esclarecer el asunto—, la CIDH decidió remitirlo a la CoIDH, donde las afectadas y defensores de derechos humanos esperan que se dé un giro en esta historia.

"La resolución del caso en la Corte es una oportunidad invaluable para que se atiendan las fallas estructurales del sistema de justicia en México, evidenciadas hace 11 años en los hechos de Atenco", señaló recientemente el Centro Prodh.

"La violencia sexual muchas veces queda oculta por la falta de investigación adecuada por médicos y psicólogos oficiales que terminan encubriendo los signos vitales de violaciones atroces. La Corte tiene la oportunidad de analizar este tema a fondo a la luz del presente caso", advirtió por su parte la organización Amnistía Internacional (AI).