Diputados aprueban el dictamen que expide la ley de mejora regulatoria
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó este martes, con 280 votos a favor, un dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley General de Mejora Regulatoria.
El documento, que surge de una iniciativa presentada por el presidente Enrique Peña, deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo para establecer principios y bases a que deberán sujetarse los órdenes de gobierno en el ámbito de sus competencias en la materia.
Asimismo, se obliga a las autoridades de todos los niveles de gobierno –municipal, estatal y federal-, en el ámbito de su competencia, a implementar políticas públicas de mejora regulatoria para el perfeccionamiento de las regulaciones y simplificación de trámites y servicios; organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Mejora Regulatoria; instrumentos, herramientas, acciones y procedimientos en la materia.
La ley sería de orden público y de observancia general en toda la República Mexicana en materia de mejora regulatoria.
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Los objetivos de la mejora regulatoria son: propiciar la creación de espacios de desarrollo y competencia económica en el que se supriman cargas excesivas, garantizar la creación de reglas claras, contribuir al perfeccionamiento integral y permanente del marco jurídico y regulatorio a nivel federal, estatal y municipal, y brindar certeza jurídica.
La Ley General de Mejora Regulatoria será un parteaguas en pro del dinamismo y la competitividad del país, al facilitar, reunir y simplificar en un Catálogo Único Regulatorio para los tres niveles y órdenes de gobierno, beneficios a todos los mexicanos.
Dávila Flores presentó una adenda al dictamen –aceptada por el pleno cameral-, con el objetivo de que los sujetos obligados de la ley en los trámites y servicios no puedan fijar requisitos abiertos adicionales ni requerir a los ciudadanos documentación que ya tengan en su poder.
Esta disposición es inaplicable a materias de carácter fiscal tratándose de contribuciones y accesorios derivados directamente de aquellas responsabilidades de servidores públicos, Ministerios Públicos en ejercicio de sus funciones Constitucionales; ni a lo relacionado con actos, procedimientos o resoluciones de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina.
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Entre sus beneficios se encuentra: brindar seguridad jurídica para las personas; fomentar el establecimiento a nivel nacional de buenas prácticas internacionales; facilitar el cumplimiento regulatorio; proveer elementos que mejoren la calidad, viabilidad y confianza en las decisiones que tome el gobierno, contrayendo con ello, legitimidad, credibilidad y viabilidad a la normatividad, y otorgando mayor beneficio social con menores costos para las personas.
También generará una política de fortalecimiento institucional con normas claras, trámites simples y procedimientos transparentes y predecibles; logrará coordinación entre autoridades; el Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios permitirá concertar la información; facilitará a la ciudadanía hacer negocios y ayudará a contar con una política de Estado que genere crecimiento económico en el país.
Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Economía, Jorge Enrique Dávila Flores, expresó que este documento fue consultado con los sectores empresarial, académico y gubernamental, y discutido en foros donde especialistas, académicos, funcionarios públicos, líderes de organismos empresariales y legisladores, que coincidieron en la urgencia de generar un ordenamiento en esta materia.
