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Ayotzinapa: 620 tomos, 1,447 declaraciones… ningún sentenciado

La PGR detalla el contenido de las investigaciones por la desaparición de los 43 normalistas y deslinda al Ministerio Público de la falta de sentencias en el caso.
ayotzinapa
Procesados. La PGR dice que por el secuestro de los normalistas se encuentran en proceso penal 69 personas.

CIUDAD DE MÉXICO- La Procuraduría General de la República (PGR) dijo que no es responsabilidad del Ministerio Público que no existan sentencias en el caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa.

La dependencia detalló este miércoles en un comunicado los elementos que contiene la investigación sobre la noche en que fueron agredidos los normalistas en Iguala junto con el club de futbol Los Avispones, a cuatro años de sus desapariciones.

“Las circunstancias propias de los procesos penales, entre las que se encuentra el alargamiento procesal derivado de los recursos o medios de impugnación promovidos por los procesados en ejercicio de sus derechos, han arrojado que no exista todavía sentencia en relación a dicho caso, cuestión que no resulta atribuible al Ministerio Público”, indicó la PGR.

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De acuerdo con el informe, el expediente de la averiguación previa está compuesto por 620 tomos, entre los que se encuentran las declaraciones de 1,447 personas, 1,945 intervenciones periciales, 22 cateos y 100 extracciones de información de aparatos telefónicos y electrónicos.

Con base en estas investigaciones, explicó la PGR, se encuentran bajo proceso penal 69 personas “por secuestro en agravio de los 43 estudiantes normalistas considerados desaparecidos y 50 por diversos delitos”.

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La PGR dijo que tiene un equipo dedicado a la atención del caso, por el cual se han realizado “650 acciones pie-tierra en acción coordinada de distintas corporaciones, así como aplicado tecnología Lidar en superficies de aproximadamente 1 kilómetro cuadrado (km2) y 60 km2 en zonas sugeridas por la representación de las víctimas”.

En el reporte, la Procuraduría resaltó además la participación en la investigación del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que descalificaron su “verdad histórica” en 2015.

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