Pesqueras argentinas vuelven a la calma
El ministro del Interior, Aníbal Fernández, declaró el domingo que efectivos de seguridad controlaban la situación en la ciudad de Puerto Deseado, en la provincia austral de Santa Cruz, donde en la víspera se produjeron incidentes en empresas pesqueras, provocadas por un sector de trabajadores en conflicto.
Disidentes del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), disconforme con el convenio laboral firmado por las autoridades nacionales del gremio, ocuparon cuatro plantas pesqueras y provocaron incendios que dañaron sus instalaciones, informó la policía provincial de Santa Cruz.
Alegan no haber sido consultados sobre las mejoras salariales otorgadas y piden también que se exima a los trabajadores del pago del impuesto a la renta.
Si bien los salarios que se pagan en la región patagónica figuran entre los más altos del país, el costo de la vida es allí bastante superior al del resto de la Argentina.
Las plantas, casi todas de empresas de capitales españoles, funcionan en Puerto Deseado, a unos 2.000 kilómetros al sur.
Fernández declaró a Radio América que unos 300 efectivos de la Prefectura Naval (guardacostas) estaban guardando el orden en Puerto Deseado y que las empresas afectadas habían iniciado negociaciones con su personal.
Portavoces de los trabajadores admitieron, a enviados de radioemisoras de Buenos Aires, que hubo destrozos en las plantas, pero negaron que hubiesen sido provocados por los obreros sindicalizados.
