Cierre de LyFC anima sector hipotecario

La desaparición de la compañía traería un alza de 12% en el desarrollo de nuevos proyectos; ello por el menor tiempo en gestión de trámites del suministro eléctrico y el ahorro en la vivienda.
Hipoteca-JI (Foto: Jupiter Images)

La desaparición de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) beneficia al sector hipotecario mexicano, ya que los proyectos inmobiliarios en la zona centro tendrán un ciclo financiero menor y un ahorro en el precio final de la vivienda. Ello luego de que los desarrolladores podrán gestionar en un tiempo menor los trámites del suministro de energía eléctrica, según un comunicado de ARX Patrimonium, empresa dedicada a la asesoría patrimonial y gestión de créditos hipotecarios.

LyFC era la empresa encargada de generar, transmitir, transformar, distribuir y comercializar energía eléctrica en el DF, 82 municipios del Estado de México, 45 de Hidalgo, 2 de Morelos y 3 de Puebla.

Una de las principales causas por las que se rechazan proyectos que solicitan un crédito puente es por la poca formalidad en el suministro eléctrico, incluso en zonas clasificadas con uso de suelo residencial, agregó.

La entidad aseguró que se espera que con el cierre de LyFC terminen dichas irregularidades que se traduzcan en la mejora de hasta medio punto porcentual para 2010 en las tasas de los créditos puente.

Además de los ahorros en el precio de la vivienda, la desaparición de la paraestatal implicará un crecimiento en el sector inmobiliario de la zona metropolitana del DF reflejado en el aumento de un 12% de nuevos proyectos a partir del primer trimestre de 2010.

Para el resto de las áreas de influencia de la compañía, que mantienen un menor dinamismo, el crecimiento esperado es de 7%, de acuerdo con un análisis de ARX Patrimonium.

y se prepara para indemnizar a los trabajadores de la paraestatal, en medio de protestas del Sindicato Mexicano de Electricistas y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), tanto el organismo laboral como el partido político anunciaron el lunes que interpondrán una controversia constitucional contra el decreto.