Goldman en ‘pláticas amistosas’ con EU
En días recientes, se ha especulado mucho en Wall Street en torno a posibles conversaciones preliminares entre Goldman Sachs y la Comisión de Bolsa y Valores de EU (SEC por sus siglas en inglés) para llegar a un acuerdo sobre los cargos federales por fraude que la firma enfrenta.
Una conciliación con la SEC terminaría al menos con la mala publicidad que Goldman ha sufrido desde que las autoridades reguladoras acusaron a la compañía y a uno de sus empleados de defraudar a los inversionistas en la venta de un complejo producto atado a hipotecas denominado "Abacus."
Sin embargo, determinar cuánto deberá pagar Goldman no es tan simple. Algunos expertos legales opinan que la conciliación podría ser mayor a los 1,000 millones de dólares (mdd), la misma cifra que la operación hizo perder a los inversionistas según la SEC. Ello debido al alto perfil del caso y a que Goldman no tiene poder de negociación ante las autoridades.
"Como principal entidad reguladora, (la SEC) puede impactar negativamente los negocios actuales de Goldman. Ningún otro litigante tiene ese poder contra un adversario en la corte" apunta David Desser, director del fondo privado Juris Capital, que invierte en litigación comercial.
Una sanción de más de 1,000 mdd sería la mayor cifra impuesta en un acuerdo por la SEC desde la era Sarbanes-Oxley (la ley que estableció multas y penas tras escándalos financieros que rodearon a grandes corporaciones como Enron ), y eclipsaría los 800 mdd que AIG pagó a la agencia en 2006 para resolver las acusaciones relacionadas a la falsificación de los resultados financieros de la empresa, según estimaciones de NERA Economic Consulting.
Otros analistas sugieren que la SEC puede estar dispuesta a aceptar solamente una fracción de ese monto, y aluden a algunos acuerdos recientes y la cantidad de casos que la agencia debe atender.
El monto de la multa, no obstante, es de importancia menor. Después de todo, para una firma que espera ganar 13,000 mdd en beneficios brutos en los próximos tres trimestres (según Thomson Reuters), cualquier multa será manejable, especialmente si el acuerdo le permite a Goldman eludir los reflectores públicos a los que ha estado expuesta.
Por otro lado, el banco puede temer que la SEC imponga requisitos adicionales como parte del acuerdo. La agencia reguladora puede, por ejemplo, exigir a la compañía que ponga una mayor distancia entre sus operaciones de transacción y su financiamiento hipotecario, o que ofrezca a los clientes mayor transparencia en los diferentes productos de inversión.
"Sería razonable que la SEC insistiera en prácticas que transparenten más la forma de valorar los derivados" señala Elizabeth Nowicki, profesora en legislación de valores en la Universidad de Boston, quien ha trabajado como abogada para la SEC.
Esa medida no sería una novedad para la SEC. En el reciente acuerdo que alcanzó con Bank of America sobre los bonos pagados a los empleados de Merrill Lynch, la agencia le exigió al banco implementar un número de medidas en la gobernanza corporativa hasta el año 2013, incluida la provisión de darles a los accionistas un voto consultivo en el pago a ejecutivos.
La suerte de Fabrice Tourre, el trader francés que ayudó a comercializar el infame producto de inversión "Abacus," también depende de la conciliación entre Goldman y la SEC. Si Tourre es incluido en el acuerdo, es posible que enfrente una multa así como la suspensión de sus actividades en el sector de los valores durante un año, comentan los expertos.
La entidad financiera también puede presionar para que la SEC incluya en el acuerdo la expresión "(Goldman) no admite ni rechaza" las acusaciones de la SEC.
El banco, además, puede intentar alcanzar el llamado "acuerdo global," que absolvería a la compañía de cualquier demanda actual o futura, federal o estatal, relativa a la transacción "Abacus" de 2007 u operaciones similares, expone James Cox, profesor en legislación de valores de la Duke University.
Ello aliviaría algunos dolores de cabeza legales que aquejan a Goldman Sachs, que hoy enfrenta varias demandas legales así como investigaciones de varios organismos reguladores internacionales (como la Autoridad de Servicios Financieros británica) sobre la venta de inversiones atadas a hipotecas.