¿La ‘casa pierde’ con la ley antilavado?
En México, el sector de juegos y sorteos representa más de 400 millones de dólares (mdd) anuales en materia de impuestos y unos1,500 mdd por inversiones, según datos de la Asociación de Permisionarios de Juegos y Sorteos (APJSAC).
Las 25 empresas de este tipo, con permiso para operar en el país, pagaron entre 2008 y 2009 poco más de 555 millones de pesos en participaciones a la Secretaría de Gobernación (Segob). La crisis económica no es un tema que les quite el sueño, pero sí cuestiones como la extorsión.
Hay indicios de la participación de recursos de procedencia ilícita en las salas de juego ilegales que operan, fundamentalmente, en Tamaulipas, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Incluso "unos 5 ó 6 negocios han sido cerrados por extorsión", comentó el presidente de la APJS, Alfonso Pérez Lizaur.
Para combatir los casos de ilegalidad en éste (y otros sectores), el Gobierno Federal presentó una iniciativa de Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento del terrorismo. El mercado de los juegos y sorteos se encuentra dentro de los negocios que deberán reportar operaciones de más de 100,000 pesos. El Gobierno federal integró una estrategia compuesta por cuatro ejes rectores: 1) Información y Organización; 2) Marco Normativo; 3) Supervisión Basada en Riesgo y Procedimientos Eficaces; y 4) Transparencia y Rendición de Cuentas.
Respecto a estas recomendaciones, el directivo expresó que si bien la iniciativa puede aplicar a entidades financieras, éstas son de difícil aplicación en el sector de juegos y sorteos porque la relación sala-cliente tiene otro tipo de particularidades.
En un banco, por ejemplo, se puede hacer un análisis detallado del cliente, comprobando su identidad a través de filtros diversos.
En un salón de juegos "para pago de premios se pide identificación, pero no tenemos la facultad para pedir a todos su IFE y si lo hago con qué lo contrasto. No son los mismos mecanismos que en institución financiera", y esto sólo por mencionar algunos aspectos, detalló por su parte la directora de cumplimiento de Codere (empresa operadora de locales de juego), Mónica Ramírez Chimal.
Pérez Lizaur mencionó que a veces no se conoce a la persona con precisión porque sus visitas son esporádicas. Un interrogatorio directo puede poner en peligro el trato con el cliente (a nadie le preguntan de donde saco el dinero para una cena, por ejemplo).
En todo caso, son poco frecuentes los casos en los que se intenta utilizar el casino o sala como instrumento de blanqueo. Un riesgo para las salas sería que los clientes usarán "efectivo" para tratar de cometer el delito en cada una de las terminales de juego, sin embargo en las empresas asociadas al APJSAC eso no se permite, añadió.
Radiografía del jugador mexicano
Además de las peculiaridades del sector, la mayoría de las operaciones que en éste se realizan se pueden considerar "irrelevantes", el promedio de apuesta por cliente en el país es de 600 pesos, según datos de la asociación.
El 80% de las veces, "las mujeres son las que abren salas. Muchas son personas casadas que llevan a sus hijos a la escuela y luego van a jugar". Gran parte de los asiduos a esta actividad oscilan entre los 30 a 45 años (explica la directora de cumplimiento), y se convierten en clientes frecuentes (en el 90% de los casos).
El perfil delictivo para las salas de juego, agrega, es complejo porque la posibilidad de que llegue ahí una persona con esa intención es "casi nula". "Los montos de un bingo tradicional, por ejemplo, son de 5 a 10 pesos". La vía que se buscan para un acto delictivo pueden ser otras.
El lavado de dinero "no se da (sólo) con cliente, sino también con proveedores. Las (autoridades) deben fijarse a quién le das el permiso porque puede ser una fachada. Es importante que nos escuchen como sector, ya hay una propuesta en el Senado, nos estamos apurando antes que salga la ley", subrayó Ramírez Chimal.
Para mitigar los riesgos de esas acciones, "se tendrían que pensar en otros controles. No es que estemos en contra de que nos regulen, pero también nos tiene que dar otras facultades. Muchos legisladores nos hacen como si fuéramos bancos, pero nosotros tenemos otros procedimientos", aclaró la entrevistada.
