El financista encarcelado, Allen Stanford, acusado de llevar a cabo un enorme fraude piramidal, presentó una demanda de 7,200 millones de dólares en la que acusa a fiscales y reguladores federales de privarlo de sus derechos constitucionales.
Los agentes del Gobierno "usaron tácticas ilegales" para procesar a Stanford y "participaron en tácticas y métodos abusivos para hacer cumplir la ley", lo que lo dejó en la bancarrota sin poder defenderse adecuadamente, según una demanda presentada ante el tribunal federal en Houston la tarde del miércoles pasado.
La demanda busca la devolución de los activos del financista, dos años después de que la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC por sus siglas en inglés) presentó cargos en su contra.
Stanford está acusado de llevar a cabo un fraude piramidal, conocido como plan Ponzi, de 7,000 millones de dólares centrado en certificados de depósitos fraudulentos emitidos por Stanford International Bank en Antigua.
El financista dijo que
"El señor Stanford quedó literalmente con el traje que usaba en el momento en que los agentes de la SEC y el servicios de alguaciles de Estados Unidos confiscaron sus propiedades", dijo la demanda.
Una portavoz del fiscal de Estados Unidos en Houston se negó comentar la demanda, lo mismo que el vocero de la Comisión de Valores de Estados Unidos.
El juez de distrito de Estados Unidos, Danid Hittner, que dictaminó que
de salud mental, también declaró que el ex millonario es indigente.Stanford, de 60 años, se encuentra en proceso de ser transferido a un hospital penitenciario para tratar su adicción a una poderosa medicación ansiolítica que le fue recetada durante su encarcelamiento.