Europa debate ‘castigar’ a Argentina
El Parlamento Europeo (PE) tiene previsto aprobar mañana una resolución para que la Unión Europea suspenda las ventajas arancelarias que concede a Argentina en represalia por expropiar a la petrolera YPF, filial de la española Repsol. El documento urge al Consejo y a la Comisión Europea (CE) a "estudiar y adoptar en defensa de los intereses europeos cuantas medidas sean necesarias para evitar que se reproduzcan situaciones como las actuales".
Los parlamentarios sugieren que una de esas iniciativas sea la exclusión de Argentina del sistema generalizado de preferencias (SGP) europeo, que otorga a una serie de países en desarrollo tarifas especiales para la exportación de sus productos a la Unión Europea (UE).
No obstante, fuentes diplomáticas reconocen que el impacto de la sanción sería mínimo, dado que Bruselas ya tenía previsto retirar al país sudamericano de su lista de beneficiados en 2014, en el marco de su nueva estrategia de cooperación al desarrollo, por considerar que ha alcanzado un nivel de riqueza que no justifica la ventaja.
Otra idea planteada por los diputados europeos es que la UE suspenda las negociaciones para un tratado de libre comercio que mantiene con el Mercosur - del que también forman parte Brasil, Paraguay y Uruguay.
También en ese caso el impacto no sería importante, visto que las pláticas entre ambos bloques de países se encuentran estancadas desde hace muchos meses.
Además, la resolución pide que la UE denuncie a Argentina por no respetar el derecho internacional y el principio de seguridad jurídica ante todos los foros multilaterales, como el Grupo de los Ocho (G8) y el Grupo de los Veinte (G20), y ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Los diputados señalan que la expropiación de YPF supone un "ataque al ejercicio de la libre empresa y al principio de certidumbre legal, deteriorando así el clima empresarial para los negocios de la UE" en Argentina.
Al mismo tiempo, consideran la decisión "unilateral y arbitraria" y resaltan que fue tomada "sin tener en cuenta una solución negociada" y que "se refiere a una sola empresa del sector y tan sólo a una parte de su accionariado, lo que podría considerarse discriminatorio".
En ese sentido, instan al gobierno argentino a "a retomar la vía del diálogo y la negociación como medio más adecuado para resolver las posibles diferencias entre socios y países tradicionalmente amigos".
