Denuncias contra Walmart... ¿Cuáles?
Las secretarías de la Función Pública (SFP) y del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como la Procuraduría General de la República (PGR), no tienen ni han iniciado investigación alguna sobre los supuestos actos de soborno en que habría incurrido Walmart de México y Centroamérica. Según una investigación de The New York Times, la empresa entregó dinero a funcionarios para destrabar trámites y obtener permisos de construcción, incluyendo la reducción de tarifas de impacto ambiental como lo publicó este sábado .
La procuradora general de la República, Marisela Morales Ibáñez, dijo este lunes que se trata de un caso que no ha sido atraido por la dependencia a su cargo, pero que "si en un momento dado es competencia nuestra, por supuesto que vamos a actuar y vamos a solicitar lo que sea necesario".
Sin embargo, la procuradora no pudo precisar si se requiere de una denuncia o si el caso se puede investigar de oficio. "Vamos a analizarlo, todavía no podría comentarle al respecto y en su momento se les podría dar alguna información más en detalle", declaró.
La coordinadora de Comunicación Social de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Laura Aguilar, explicó a su vez que "lo único que tenemos es la nota de The New York Times, hace falta más información donde se especifiquen proyectos donde hubo anomalías, y no hay denuncias hasta ahora ante la autoridad federal".
La investigación del rotativo estadounidense no detalla nombres de funcionarios, entidades, localidades o proyectos en particular.
En entrevista, Aguilar agregó que el tema de la revisión de impacto ambiental no es exclusivo del Gobierno federal y que, muchos de los permisos para la edificación de inmuebles no se pueden concretar sin la autorización de la autoridad estatal o municipal correspondiente.
Con base en lo publicado por The New York Times, Walmart de México y Centroamérica ( la empresa número 3 de 'Las 500' de Expansión ) habría destinado por lo menos 24 millones de dólares para sobornar a funcionarios públicos incluyendo alcaldes, concejales, planificadores, burócratas y todo aquel que pudiera significar un obstáculo a su plan de expansión.
"La Secretaría de la Función Pública está allegándose de información para conocer del caso y, en función de esto, definir si hay algún asunto federal qué atender o actuar en consecuencia. Entre ello conocer del tema, está el asunto de ver si hay algún aspecto federal que atender y ver si va a abrir una investigación de manera formal", comentó Moisés Ciriaco, director de prensa de la dependencia.
Añadió que definir qué viene hacia adelante es difícil y sería aventurado, al tratarse de temas delicados y legales.
"Se requiere de algo más aterrizado, la forma en cómo viene señalado en el diario no es de nuestra competencia (de la Semarnat), se requiere de una denuncia en concreto, con nosotros no ha llegado (la acusación)", manifestó Laura Aguilar.
El informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) de octubre pasado señala que México ha logrado avances, pero necesita dar mayor prioridad a la persecución del cohecho y garantizar que sus autoridades cuenten con todas las capacidades y recursos necesarios para investigar toda denuncia relacionada con dicho ilícito.
Asimismo, a principios de noviembre de 2011 la organización no gubernamental (ONG) Transparencia Internacional reveló que México es el tercer país con más sobornos del sector empresarial, sólo detrás de Rusia y China.
El Índice de Fuentes de Soborno 2011se basó en una encuesta realizada a 3,000 empresarios de países industrializados y en desarrollo y jerarquizó a las 28 principales naciones exportadoras en el mundo según la facilidad con la que sus empresarios recurren a la corrupción, fuera de sus barreras nacionales, para obtener comisiones y contratos.
"Mientras que México reporta sólo 2 investigaciones en curso, países como Corea del Sur reportan 17 casos, Alemania 137 y Estados Unidos 227", señalaba el comunicado de la ONG.
