Futuro de Axtel, en manos de la SCJN

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) definirá buena parte del futuro financiero de la operadora telefónica Axtel en su próxima sesión, la siguiente semana, en un caso en el que la resolución de temas como la libertad tarifaria en materia de interconexión determinará si se le concede un amparo frente a la telefónica móvil Telcel.

Los dos proyectos elaborados por ministros que serán analizados por la Corte se contraponen en temas de fondo relacionados con los alcances de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) sobre este asunto.

La interconexión, uno de los temas más litigados en el sector telecomunicaciones, se refiere en términos generales al cruce de la llamada de un cliente de una red (por ejemplo de Axtel) para alcanzar a otro usuario de una red distinta (como Telcel), por la que se paga una tarifa por el uso de esa infraestructura, pero que envuelve otras variables como la misma disponibilidad del enlace.

El proyecto sobre el juicio de amparo en revisión 426/2010, que realizó el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, propone que la Cofetel tiene la facultad no sólo de determinar las tarifas de interconexión entre dos operadores cuando estos no llegan a un acuerdo, sino las condiciones sobre formas de pago y otros elementos, además de que estas tarifas se deben fijar a costos, pues no deben verse como una "fuente de ingresos" para las compañías.

"La Comisión Federal de Telecomunicaciones puede determinar las tarifas aplicables, con independencia de que exista o no un convenio previo y de que tal aspecto sea o no materia del desacuerdo, ya que la facultad que tiene conferida para vigilar la eficiente interconexión de las redes públicas de telecomunicaciones comprende la modificación de las condiciones ya convenidas entre los concesionarios que a su consideración sean perjudiciales para los usuarios, para otros concesionarios o para el país", expresó el ministro a través de su proyecto que presentará el lunes en el máximo tribunal.

El proyecto reconoce facultades amplias para que la Cofetel determine las condiciones de interconexión, y subraya que no se trata de una tarifa sujeta a la libertad tarifaria que concede la ley, pues esta se refiere a precios al público, mientras que el cobro de interconexión debe considerarse como un insumo para la competencia en el sector, y que no regularlo, desequilibra este terreno.

"De lo anterior deriva que los servicio de interconexión son distintos a los servicios de telecomunicaciones, ya que la interconexión constituye un deber que se impone exclusivamente a los concesionarios para lograr, precisamente, el eficaz desarrollo de los servicios de telecomunicaciones, los que se traducen en un servicio final que se presta al público en general por los concesionarios y los permisionarios (comercializadoras), como lo es el servicio local de telefonía", se lee en el proyecto.

Sin embargo, también existe el proyecto de juicio de amparo en revisión 318/2011, del ministro Sergio Salvador Aguirre Aguiano, que disiente por completo de la visión tarifaria planteada, es decir que considera que la interconexión se debe fijar de manera libre entre los operadores.

También se muestra contrario a las facultades de la Cofetel para fijar las condiciones de la interconexión, pues considera que la ley sólo avala al regulador para entrar a resolver en este asunto, cuando nunca ha existido un acuerdo para cursar el tráfico.

"Las atribuciones de la autoridad son para resolver términos y condiciones para la interconexión pero no puede intervenir cuando ya existe esa interconexión, como en el caso pues entre la quejosa y las terceras perjudicadas existe un convenio desde mil novecientos noventa y nueve", dice el proyecto del ministro Aguirre.

Este caso se refiere a un diferendo entre Telcel y el tándem Alestra y Axtel a través de su filial Avantel, donde la telefónica móvil acusa que la Cofetel extralimitó sus facultades al convenir no sólo tarifas, sino términos de interconexión, además de fijar precios más allá de 2005, cuando se realizó la petición de intervención.

Al final, la votación que realicen los ministros el lunes sobre estos casos determinará tanto las facultades que tenga la Cofetel sobre la interconexión, así como el destino de Axtel, pues la decisión a favor de un proyecto deberá afectar de forma negativa al otro.

Al reconocer las facultades amplias de la Cofetel, el ministro Ortíz Mayagoitia avala que Axtel acuda al ente regulador para fijar la tarifa a través de sus mecanismos y métodos, pero durante este proceso de litigio (que lleva cerca de seis años en tribunales), la comisión terminó por ofrecer dos tarifas distintas, por ejemplo una de 0.71 pesos frente a otra de 1.71 pesos.

El ministro propone amparar a Axtel al conceder que las tarifas que debió pagar entre los años 2005 y 2007 debieron determinarse por sólo por costos incrementales, un precio menor que el fijado en la segunda resolución de la Cofetel.

El proyecto del ministro Aguirre, que interpreta que la comisión sobrepasó sus facultades, pide amparar a Telcel contra las resoluciones del regulador.

Un revés judicial para Axtel supondrá el desembolso tan fuerte a favor de Telcel, que comprometerá al máximo su ya delicada situación financiera.

"Si Axtel gana, puede recibir 2,000 millones de pesos más intereses, lo que cambiará por completo su situación financiera; si los pierde, pagará 1,500 millones de pesos a América Móvil. Esto llevaría a Axtel a la quiebra, y creemos que la corte quizá absuelva a Axtel de pagar la mayor parte", explicaron analistas de BBVA Reseach a inicios de mes.

Axtel es el segundo operador de telefonía fija de México, muy por dejo de Telmex que controla cerca del 80% de este mercado, mientras que su empresa hermana Telcel cuenta con el 68% de los usuarios de telefonía móvil.