OCDE avala negar suspensiones en amparos
La propuesta de negar las suspensiones sobre las resoluciones de los entes reguladores va en línea con las mejores prácticas internacionales, comentó la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) pero conminó al Senado a permitir el recurso de reconsideración ante los propios entes para defender a las empresas.
"En todos los países de la OCDE cuando un regulador toma una decisión ésta es en firme, y ahí México sí es una excepción", expresó José Antonio Ardavín director del Centro de la OCDE en México para América Latina.
La reforma en telecomunicaciones y competencia económica que presentaron el Gobierno federal y el Pacto por México, y que aprobó la Cámara de Diputados, prevé que las resoluciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) y la Comisión Federal de Competencia Económica (CFC) sólo puedan recurrirse a través del juicio de amparo indirecto ante los tribunales especializados que se crearán de aprobarse la propuesta.
La legislación actual prevé que los órganos reguladores revisen sus propias resoluciones a través del recurso de reconsideración que solicitan las empresas afectadas; mientras que las compañías suelen recurrir a los tribunales para interponer amparos, y conseguir suspensiones sobre las decisiones de estos entes.
Si bien las suspensiones se han convertido en el mayor problema que la Comisión Federal de Competencia (CFC) ha encontrado para aplicar sus resoluciones, el recurso de reconsideración ha ayudado al ente a revisarlas.
"De 471 recursos de reconsideración presentados y tramitados, 94 han sido resueltos en el sentido de revocar o modificarla resolución, o de reponer el procedimiento", destacó el comisionado del ente antimonopolios Rodrigo Morales Elcoro.
La OCDE considera que este sistema ha "atrofiado" la aplicación de la regulación en México, por lo que aplaudió que se eliminen las suspensiones que han protegido a los actores dominantes del sector.
"El hecho de que siempre se suspendía se generaba un incentivo perverso de ampararse ante todo", subrayó Ardavín.
El directivo del grupo llamó la atención en que existieron juicios de amparo en el sector de telecomunicaciones que, debido las suspensiones, duraron más de 10 años en resolverse, mientras que la práctica anticompetitiva se llevó a cabo.
"En todos los países hay recursos de reconsideración y es importante que existan. Lo que no sugeríamos es que existiera una suspensión de la decisión del órgano regulador, porque eso hace completamente inefectiva sus decisiones", añadió Ardavín.
La OCDE estima que de 2005 a 2009 se generaron pérdidas al consumidor mexicano de casi 129,000 millones de dólares debido a la falta de competencia y los precios que se pagaron en exceso por esta situación.
Los tres mayores partidos políticos en el Senado han expresado su intención por revisar esta situación que plantea la reforma, pero no existe un consenso en si se debe permitir el recurso de reconsideración, o que bajo la nueva ley de amparo sólo se nieguen las suspensiones en casos como el uso del espectro radioeléctrico.
El senador panista Javier Lozano ha coincidido con las preocupación mostrada por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) sobre los alcances negativos que puede traer el rechazo a otorgar cualquier suspensión sobre las resoluciones de los reguladores , y llamó la atención sobre los altos costos que esto puede significar para el Estado si al final se pierde el juicio de amparo.
"La minuta hace responsable al Estado mexicano respecto de aquellas resoluciones que no sean favorables para el mismo. El Estado tendrá que hacer una reparación si es que hay un error judicial" contestó el senador panista José María Martínez.
La reforma presentada por el Gobierno federal y el Pacto por México prevé que los nuevos reguladores cuenten con herramientas nuevas como la regulación del acceso a los insumos esenciales hasta la desincorporación de activos.
El Senado espera votar en definitiva la reforma junto con sus modificaciones entre el jueves y viernes de esta semana, con lo que será la Cámara de Diputados quien decida si la vota en definitiva antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones el 30 de abril para que comience su aprobación en los congresos estatales.
