EU investiga explotación en 7-Eleven
Nueve propietarios y gerentes de tiendas 7-Eleven en Long Island y Virginia fueron acusados este lunes de explotar a inmigrantes procedentes de Pakistán y Filipinas. Los acusados presuntamente pagaron a sus empleados usando los números de Seguridad Social robados y que originalmente pertenecen a un niño y tres personas muertas, para quedarse con la mayor parte de sus salarios.
La mayoría de los acusados fueron arrestados este lunes cuando las autoridades federales allanaron 14 tiendas de la franquicia. Agentes de la Policía de Inmigración y Control de Aduanas ejecutaron órdenes de registro en más de 40 tiendas en todo el país sospechosas de infracciones similares, dijeron las autoridades en una conferencia de prensa en Brooklyn.
Cuatro acusados, que tienen tanto la ciudadanía estadounidense como la nacionalidad paquistaní, pertenecen a una familia que ha coincidido en eventos sociales con el ex gobernante militar de Pakistán, Pervez Musharraf, dijeron los fiscales en documentos legales, al resaltar los vínculos extranjeros de los implicados para intentar que sean detenidos sin derecho a fianza hasta el juicio. Otro acusado es originario de Filipinas.
El Gobierno estadounidense dijo que los demandados se quedaron con decenas de millones de dólares como parte de la estafa, ocultando parte del dinero.
Ocho hombres y una mujer emplearon a más de 50 inmigrantes que no tenían permiso de residencia en Estados Unidos, desde el año 2000 y trataron de ocultar la contratación de los inmigrantes robando la identidad de una veintena de personas y presentando la información al servicio de nómina de 7-Eleven.
Cuando la sede de 7-Eleven enviaba los salarios, los patrones se quedaban con hasta 75% del dinero de los trabajadores, dijeron las autoridades. Los acusados también obligaban a los trabajadores a vivir en casas de su propiedad y a que pagaran el alquiler en efectivo, agregaron.
El Gobierno incautó los derechos de franquicia de 10 tiendas en Nueva York y cuatro más en Virginia. Las tiendas permanecerán abiertas, pero serán operadas por la empresa matriz. Las autoridades dijeron que las tiendas han generado ganancias por 182 millones de dólares, compartidas por los acusados y 7-Eleven.
Las autoridades de inmigración detuvieron a 18 trabajadores, entre ellos algunos que notificaron por primera vez a las autoridades el presunto fraude en 2010.
Un portavoz de 7-Eleven dijo que la compañía estaba cooperando con la investigación, pero declinó hacer más comentarios.
En los últimos dos años, las autoridades federales han presentado cargos similares contra más de 500 propietarios de negocios y gerentes, dijo James Hayes, director de la oficina en Nueva York de la Policía de Inmigración y Control de Aduanas.
