Sacyr se protege en caso Canal de Panamá
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En plena polémica por la ampliación del Canal de Panamá, la constructora Sacyr envío un documento al regulador español en el que detalla los problemas encontrados en las obras en el país centroamericano e informó que aportó garantías y fianzas por un importe de 574 millones de dólares. La constructora explicó que los imprevistos encontrados en la obra supondrán un retraso mínimo de 220 días.
El documento de ocho páginas fue enviado a petición de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), aunque no fue considerado un hecho relevante pese a contener múltiples detalles de un conflicto que afecta a la cotización de Sacyr.
La empresa lidera el consorcio Grupo Unidos por el Canal de Panamá (GUPC) con la italiana Salini Impregilio, el cual construye el tercer juego de esclusas de la ampliación del Canal de Panamá.
Sin embargo, mantiene un duro enfrentamiento con la Autoridad del Canal (ACP) y amenazan con paralizar los proyectos si el país centroamericano no asume unos sobrecostos que estima en 1,625 millones de dólares.
En el documento, Sacyr explica que ha aportado fianzas y garantías por un importe de 573.9 millones de euros al 31 de diciembre de 2013, de los cuales 400 millones "están cubiertos con la Garantía de Cumplimiento de Obra".
Sacyr se ha apuntado en sus resultados de 2012 unos ingresos por 665 millones de dólares a cuenta de los sobrecostos previstos, tras haber adelantado el consorcio 280 millones de dólares para financiar estas dificultades técnicas.
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La constructora española defiende que su actuación tanto en el concurso como en el desarrollo de la obra ha sido la correcta y que los sobrecostos responden a imprevistos o modificaciones de la obra solicitadas por la Autoridad del Canal de Panamá, que sin embargo rechaza sus reclamaciones de forma sistemática.
"Los sobrecostos que se reclaman se corresponden con situaciones que se presentaron tras el comienzo de la obra donde se comprobó la inexactitud de la información proporcionada al consorcio para ejecutar el proyecto, de ahí los problemas financieros, que se habrían presentado también para cualquiera de las otras ofertas presentadas al concurso", explicó Sacyr en su nota.
"La ACP niega sistemáticamente todas ellas en primera instancia, tras un periodo de análisis que sirve para consumir tiempo", aseveró.
Sacyr aseguró que la ACP realizó una auditoría con expertos internacionales sobre los sobrecostos incurridos en la obra y "comprobó que los mismos son creíbles, razonables, y acordes con el mercado, conforme a lo informado por GUPC".
En un intento de calmar los ánimos, el mismo día que envió el duro documento al regulador, el presidente de Sacyr, Manuel Manrique, dijo en una entrevista con Reuters que las negociaciones avanzan.
El basalto, el cemento y otros problemas
La misiva enviada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) explica que el consorcio ha encontrado problemas en la construcción de la obra desde los primeros trabajos, ya que los pliegos de la licitación contenían errores de apreciación geológica y de los materiales con los que se debían construir las esclusas.
El contrato especifica un proceso de tres fases para llegar a un acuerdo entre cliente y constructor ante estos desacuerdos: primero se presentan al cliente, la autoridad del Canal, que puede aceptarlos o negarlos. En el caso de que los niegue, se realiza un arbitraje con dos expertos nombrados por las partes y un tercero de mutuo acuerdo. Si también son rechazados, el consorcio puede reclamar al CCI, un tribunal de arbitraje con sede en Miami.
La compañía española detalló que ha encontrado en la obra tres problemas principales: la construcción de una presa provisional en condiciones más difíciles a las esperadas, un basalto de peor calidad al previsto y que la ACP ha exigido cambios continuos respecto a lo pactado, como un cemento de mayor calidad para poner en marcha el tercer juego de esclusas.
Sacyr explicó que el primero de los problemas supuso retrasos en la construcción y sobrecostos de 120 millones de dólares ya que, a la hora de realizar una presa provisional para comenzar los trabajos, tuvo que dragar de forma imprevista ciertos lodos y ampliar la ataguía que servía de base para dicha presa.
El consorcio GUPC también reclama costos extra de 497 millones de dólares porque el basalto de las tierras colindantes era de peor calidad de lo que se especificaba en el contrato, descomponiéndose durante su tratamiento, por lo que tuvo que consumir más basalto del esperado y llevar el excedente a un vertedero para su tratamiento.
Estos dos aspectos ya han sido rechazados tanto por la autoridad del Canal como por el primer arbitraje, quedando a expensas de lo que dictamine el CCI.
Finalmente, el consorcio pide 880 millones de dólares restantes reclamados por las modificaciones "irreversibles y fundamentales con respecto a las condiciones ofertadas", como lo ocurrido con el cemento, que tuvo que ser de una calidad mayor de la especificada, según la compañía.
"GUPC se ha visto obligada a ir más allá de lo contemplado en el contrato en el desarrollo del diseño. La ACP ha rechazado frecuentemente las propuestas de GUPC sobre la base de que no estaban de acuerdo con sus requisitos y ha sido incapaz de dar indicaciones de cuáles eran", indicó Sacyr.
