México requiere de un marco fiscal que permita regular de manera amplia a las empresas que se interesen por invertir en el sector energético, por lo que se va a requerir una nueva especialización en esta materia en el sector privado y en la Secretaría de Hacienda, señaló Irene Hernández, socia de impuestos y de la industria de energía de PricewaterhouseCoppers (PwC).
"Este sector es muy complejo y en otros países tienen una regulación especial", advirtió.
La reforma energética, publicada a finales del año pasado, abre las puertas para que empresas privadas puedan invertir en la industria.
Ahora los legisladores deberán aprobar las leyes secundarias que permitan aplicar los cambios constitucionales, con lo que se espera que aumente la producción de 2.5 millones de barriles promedio diarios a 3.5 millones hacia 2018, según previsiones oficiales.
Los cambios podrían quedar listos en abril, con lo que Hacienda deberá presentar las nuevas reglas fiscales para el sector, en especial el de la extracción, dijo Irene Hernández.
"Hacienda no tiene expertos porque no los necesitaba, y va a requerir adaptarse a esta nueva realidad", agregó.
Los ingresos petroleros representan cerca del 35% del presupuesto anual del Gobierno federal, y aunque Pemex tiene un régimen fiscal que le obliga a tributar casi el 70% de sus ganancias. Expertos han señalado que la paraestatal requiere de un esquema fiscal más flexible para producir crudo en proyectos con mayores riesgos, como los de aguas profundas.
Las directrices que se han marcado en los cambios constitucionales así como en los artículos transitorios, para atraer a la inversión extranjera son los correctos, afirmó Guillermo Pineda, socio líder de la práctica de energía de PWC.
"Sí consideramos que están dados los elementos para darle una seguridad jurídica para que los extranjeros vengan a invertir".
La consultora ve además la oportunidad para que se invierta en otras áreas como los servicios de generación y comercialización de energía al mayoreo, además de la modernización de las plantas de generación de electricidad, apuntó Eduardo Reyes, gerente de infraestructura y proyectos de capital.
Añadió que en los próximos 10 años el Gobierno federal tiene previsto retirar cerca del 20% de su capacidad instalada para generar energía, que funciona a base de combustóleo, con lo que se abre una oportunidad para sustituirla por infraestructura que use gas natural, que resulta cerca de cuatro veces más barato.