La indefinición de las leyes secundarias en telecomunicaciones ha dejado a los usuarios sin guía para saber cómo la reforma constitucional los beneficiará con mejores servicios de telefonía móvil, fija, Internet y televisión de paga.
Ni el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ni la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) cuentan con una actualización en sus portales del número de quejas recibidas por fallas en los servicios de telecomunicaciones.
El regulador sectorial, que cuenta con un portal llamado
donde los usuarios pueden denunciar las fallas, tiene datos hasta abril del año pasado; mientras que la Procuraduría los tiene hasta marzo de 2012 en su sitio donde presenta gráficos con las denuncias.“Los usuarios nos estamos acostumbrando a ser huérfanos, porque si denuncias y no pasa nada, entonces lo ven como una pérdida de tiempo”, acusó Irene Levy, presidenta del centro especializado del sector Observatel.
La Profeco tenía entre las 20 empresas con más quejas a 10 que pertenecen al sector de telecomunicaciones (Telcel, Telmex, Sky, Nextel, Movistar, Megacable, Maxcom, Iusacell, Dish y Axtel).
Pero las reformas a las leyes secundarías irían más allá de la simple exposición de las empresas, y deberían concentrarse en darle facultades exclusivas al IFT para aplicar sanciones y observar que las compañías cumplan con sus obligaciones en concesión, dijo la presidenta de Observatel.
“El esquema Profeco no ha funcionado, porque ahí están los resultados. Lo ideal sería darle las facultades al propio Ifetel y crear una instancia que se dedique a proteger al consumidor”.
La reforma a las leyes secundarias deberán dar la guía para que el IFT identifique las atribuciones que tendrá para proteger a los consumidores, por lo que deberá contar con todo un capítulo dedicado a estos detalles, señaló la comisionada de ese organismo, Adriana Labardini.
“Al final la reforma no sólo es una ley de regulación del sector, sino para garantizar derechos fundamentales de los consumidores”, dijo la comisionada, quien no profundizó sobre las medidas que lleva acabo el Instituto en este tema.
Los cambios a las leyes reglamentarias deben incluir
de violentarlas, y deben ir más allá de lo económico, ligándose a la prórroga de sus concesiones, apuntó Aleida Calleja, coordinadora del Observatorio Latinoamericana sobre Regulación de Medios y Convergencia.“Hay que dotar al regulador con sanciones que no sólo las multe, sino que se adjunten en un expediente que luego pueda correlacionarse con peticiones que hagan a futuro, como la prórroga de una concesión”.