Gigantes ‘amenazan’ reforma en telecom
“Siempre hemos sabido que es un sector muy litigioso”. Una frase que se escucha como eco entre empresarios, expertos y reguladores que durante años han vivido en medio de un mercado que se acostumbró a dirimir toda acción del Gobierno ante los tribunales.
Una de las virtudes de la reforma constitucional en telecomunicaciones, radiodifusión y competencia era, según las autoridades, que eso había terminado al impedir que existieran las suspensiones de alguna resolución del regulador por el estudio de un amparo.
Pero otra vez un órgano regulador, esta vez encarnado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), se ha topado otra vez con el Poder Judicial derivado de una laguna que se dejó dentro de la reforma aprobada en 2013 en materia de la retransmisión gratuita de señales de televisión abierta, y que deberá resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de que el Gobierno aceptara emitir una controversia constitucional.
“El sector es muy litigioso… esto nunca desaparecerá por completo”, admitió la comisionada del IFT, María Elena Estavillo, luego de que el regulador pidiera al Ejecutivo su intervención para que el máximo tribunal dirima el conflicto entre este instituto y un juzgado local del Distrito Federal.
Ver: Presidencia da espaldarazo al IFT
La integrante del IFT espera que en breve puedan pronunciarse sobre el tema de la retransmisión que Dish ha realizado desde septiembre del año pasado, algo que Televisa y TV Azteca han señalado como ilegal.
El regulador decidió posponer su decisión sobre cómo deben darse la retransmisión de esta señales conocido como must offer/must carry luego de que el Juez Trigésimo Segundo de lo Civil en el Distrito Federal cuestionara sus facultades para pronunciarse sobre el tema.
“Yo creo que es escandaloso y temerario que un juzgado local en lo civil le diga al IFT lo que es de su competencia”, comentó la ex comisionada de la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), Clara Luz Álvarez.
¿Qué pierde Televisa?
La firma propiedad de Emilio Azcárraga Jean cobraba una cuota de 1.70 dólares por usuario al mes por la renta de sus señales abiertas (1.96 dólares si incluye las restringidas); mientras que TV Azteca cobraba 0.50 dólares (0.65 dólares por todas las señales).
Estas tarifas resultaron de los compromisos de ambas empresas aceptaron como parte de la afirmativa por parte de la Comisión Federal de Competencia (CFC ), el ex organismo regulador en la materia, a la compra del 50% de Iusacell por parte de Grupo Televisa en 2012.
Ahora la televisora dejará potencialmente de recibir estos ingresos (aún puede vender su paquete de canales restringidos por separado), que para el tercer trimestre de 2013 le aportaron 872.3 millones de pesos, un alza de 9.9% respecto al mismo periodo del año pasado, y que significaron el 6.2% a los ingresos totales del grupo en el periodo.
Otros pequeños operadores también se han visto beneficiados por la entrada en vigor de la gratuidad de las señales, como Axtel, que anunció que a la par de Dish el inicio de la transmisión de los canales 2, 4, 5, 7, 9 y 13.
Sin ley ni rumbo
Tanto Televisa como TV Azteca han acusado que la medida les iba a causar un daño económico, pero además han argumentado ante diversos jueces que el IFT no puede definir cómo se aplicará la retransmisión gratuita a la que se refiere el artículo octavo transitorio de la reforma aprobada el año pasado.
“Lo vamos a definir en la ley, nosotros en la ley secundaria lo vamos a atender para que no haya ninguna interpretación”, aseguró el diputado del Partido Acción Nacional (PAN) Juan Bueno Torio, quien participa en la discusión de las legislación secundaria de telecomunicaciones.
Los legisladores incumplieron con el compromiso de aprobar las leyes secundaria que darían la guía para aplicar los cambios constitucionales en la materia. Bueno Torio justificó esta tardanza por la carga de trabajo del Congreso, pues era imposible cumplir con una “buena ley” en poco tiempo.
“En el momento en que tengamos las leyes será un factor para fortalecernos, aunque nuestras facultades ya están dadas por el mandato constitucional”, aseguró por su parte María Elena Estavillo.
La comisionada del IFT afirmó que el organismo continuará con las demás decisiones que deberán tomar antes del 9 de marzo, como marca la Constitución, y que contempla la determinación de agentes preponderantes, la regulación asimétrica o la presentación de las bases para la licitación de las nuevas cadenas de televisión.
Pero la falta de leyes, así como la indolencia para perseguir y sancionar a los jueces que abusen de su poder para frenar estos procesos puede generar más problemas a futuro al IFT, reconoció Clara Luz Álvarez.
“Si esto no se soluciona, no quiero ver cuando tengan que ver la preponderancia y otros temas”, coincidió el especialista Fernando Butler.
El legislador panista anticipó que dentro de los próximos 15 días se podrían comenzar a discutir las leyes secundarias.
El derecho a la información vs el derecho de autor
Estas normas pueden resultar insuficientes para dirimir el conflicto por la retransmisión, pues los legisladores dejaron un hueco en la redacción de la reforma que antepone dos derechos fundamentales: a la información y el de autor, por lo que la Suprema Corte tendrá un duro debate sobre el tema, anticipó la especialista en temas de propiedad intelectual, Rosalba Elizalde.
“Los legisladores no vieron que en el tema de los derechos de autor ya existe una institución que los protege, que es el Indautor, que tiene mucha experiencia en el tema”.
Clara Luz Álvarez coincidió en que será un tema importante a dirimir por la SCJN, pues puede derivar a que las empresas deban pagar a los generadores de contenidos, y no a quienes lo transmiten.
“Quien planteó esta reforma no vio que incluso existen tratados internacionales que prevén la protección de los derechos de autor”, añadió Rosalba Elizalde.
Consideró acertado que el Ejecutivo promoviera la controversia constitucional para resolver el conflicto.
En este sentido, Televisa insistió a través de un comunicado en que ha ejercido acciones legales en defensa de los derechos de autores, músicos y compositores que son reconocidos por la Constitución mexicana y por numerosos tratados internacionales.
