Televisa se ampara contra preponderancia
Grupo Televisa presentó una demanda de amparo en contra de la declaratoria de preponderancia que le impuso el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
"La información que tenemos es que ya hay una demanda de amparo en relación con la preponderancia", expuso el magistrado presidente del tribunal colegiado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Jean Claude Tron Petit.
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El regulador declaró como agente preponderante a Grupo Televisa en el sector de radiodifusión a inicios de marzo, además de imponerle una serie de regulaciones en materia de infraestructura, contenidos y publicidad.
Tron Petit dijo que la demanda reside en el primer tribunal especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones
Grupo Inbursa y Grupo Carso , empresas de Carlos Slim vinculadas con América Móvil, que anunciaron este lunes su decisión de interponer un juicio de amparo contra la resolución del IFT de declarar a ambas empresas preponderantes.
Las compañías de Carlos Slim afirmaron que no son agentes económicos preponderantes en telecomunicaciones, pues carecen del “requisito esencial para ello que es tener una concesión en dicha materia”.
Inbursa argumentó que es un grupo financiero de conformidad a la autorización obtenida para ello de la Secretaría de Hacienda, y a la normatividad aplicable en la materia, dentro de la cual se especifica y limita en su objeto “adquirir y administrar acciones emitidas por los integrantes del grupo financiero”.
El grupo sostuvo que está impedido para hacer actividades en materia de telecomunicaciones y las medidas que el regulador impuso son imposibles de ejecutar por lo antes expuesto.
En tanto, Grupo Carso indicó que es una sociedad anónima bursátil de conformidad a la normatividad aplicable a dicha clase de entidades, dentro de la cual se especifican los sectores y actividades en los cuales se desarrolla, y que son públicos.
Carso también dijo que está impedido para hacer actividades propias de entidades concesionadas en materia de telecomunicaciones, por lo que las medidas que el IFT impuso las considera de imposible ejecución.
