Al Congreso se le agota la ‘energía’
El Congreso de la Unión va en curso de incumplir con su compromiso constitucional de aprobar las leyes secundarias que normen los cambios realizados a la Carta Magna en materia energética, como ya sucedió con la legislación de telecomunicaciones, donde llevan tres meses de retraso y contando, lo que tendrá un impacto en las inversiones en petróleo, electricidad y gas, alertaron expertos.
Los legisladores se autoimpusieron como plazo antes del 20 de abril para modificar la legislación en materia de la reforma energética con el fin de acelerar los cambios en el sector; pero ante la presión de otros temas como la reforma política-electoral, los cambios a los institutos de transparencia y electoral, y la leyes de telecomunicaciones, resultará complicado que cumpla el plazo.
“Hay alrededor de 14,000 millones de dólares en inversiones detenidas de empresas nacionales porque no tienen ni la garantía del gas o el hidrocarburo suficiente para iniciar la inversión”, expresó el vicepresidente de Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Giovanni Aloi.
El representante gremial de los industriales detalló que la mayoría se ubica en los mercados acerero, metalmecánico y de comestibles, que requieren de cantidades intensivas de generación de energía a través de procesos de vapor, y que han visto mermadas su rentabilidad por la escasez del hidrocarburo.
Los industriales han acusado la falta de gas natural para la generación de energía en las plantas de ciclo combinado desde inicios de 2012, debido a la escasa infraestructura de ductos por parte de Pemex para traer el energético desde la frontera con Estados Unidos, donde los precios se han mantenido en mínimos históricos, cercanos a cuatro dólares.
El Gobierno ha tenido que importar gas licuado a lo largo de estos años para compensar este desabasto, a precios hasta cinco veces mayores en comparación al gas natural, lo que ha aumentado las tarifas eléctricas.
Aloi espera que la reforma a las leyes secundarias clarifique la forma en cómo los industriales entrarán a la comercialización de energía eléctrica, además de aligerar la carga de inversión sobre la CFE.
“¿Me vas a dejar trasmitir la energía eléctrica? Pues habrá que ver cómo… Hay que dejar que otros produzcan energía más barata”, dijo.
Gustavo Astiazarán, socio Líder de México y Centroamérica de Auditoría de KPMG, anticipó que el costo de que la legislación secundaria de la reforma energética se demore será alto, por lo que conminó a los actores políticos a ponerse de acuerdo.
“El otro tema que veo, es que las fuerzas políticas del Congreso se pongan de acuerdo para que se cumpla el plazo forzoso del 20 de abril para que salga la reforma, porque no cumplir con ese plazo el 20 de abril será costosísimo, en términos de costos de oportunidad para México”.
El especialista indicó que existen alrededor de 20 empresas que por sí solas o asociadas pueden entrar a participar en el sector energético, con diferentes especializaciones en shale gas, shale oil y aguas profundas.
“Veo a Mobil, Chevron, Statoil y Petrobras, todas ellas haciendo calentamiento antes de arrancar (la legislación secundaria), calentando con todos sus proveedores, alrededor de la meta mexicana y me imagino al cuate que trae la pistola y va a disparar, pero les dice: no, esperen, aún no”, en referencia a que la legislación secundaria podría no estar a tiempo.
El periodo ordinario de sesiones del Congreso termina el 30 de abril abril, por lo que puede requerirse de un periodo extraordinario para aprobar las leyes secundarias, a menos que decidan abordar el tema hasta el siguiente periodo que iniciará en septiembre.
Pemex ha registrado caídas en su producción de crudo continuas desde su pico en 2004. La perspectiva de la paraestatal para este año es mantener la producción por encima de 2.5 millones de barriles de crudo diario, y aumentarla hasta 3 millones en 2018.
“Sería una gran sorpresa que el Congreso pudiera salir con las leyes (en materia energética)… creo que la implementación tardará entre un año a año y medio aún”, expresó el exsecretario de Energía, Jordy Herrera.
Las modificaciones constitucionales en materia energética permitirán la entrada de particulares para invertir en la explotación y producción de hidrocarburos, además de la comercialización de electricidad, dos mercados monopolizados por Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Los legisladores se dieron un plazo de 120 días naturales a partir de la promulgación de la reforma para tener listas las modificaciones a cerca de 30 leyes secundarias que permitirán poner en práctica tanto los nuevos modelos de explotación de petróleo que otorgará el Estado a particulares, así como disposiciones sobre los órganos reguladores y cuestiones fiscales del sector.
Pero en caso de incumplir no existe ninguna sanción para el legislativo, pues como ya sucedió en materia de telecomunicaciones donde debían cambiarlas antes del 20 de diciembre, pueden aplazar la fecha.
La reforma a las leyes secundarías deberá plantear los términos en que el sector privado entrará a las asignaciones para extraer cerca de 78,000 millones de barriles de crudo equivalente en reservas prospectivas con que cuenta México, su mayoría en yacimientos de aguas profundas y gas shale.
La legislación también servirá para conocer las maneras en que Pemex podrá aliarse para explotar los yacimientos que pidió como parte de la Ronda Cero el mes pasado, y donde espera la respuesta de la Secretaría de Energía (Sener) para determinar las asignaciones que se quedará.
La propia subsecretaría de Hidrocarburos, Lourdes Melgar, mencionó a finales del mes pasado en una conferencia con analistas que esperan que se aprueben cuanto antes las modificaciones a la legislación secundaria para dar mayor certidumbre tanto a Pemex como a los privados sobre cómo se explotarán las reservas del país.
