Autos ‘chocolate’, un negocio para pocos
La importación de autos proveniente de Estados Unidos a través de un amparo es un negocio muy lucrativo que genera ingresos anuales por 400 millones (mdd), y que está dominado por Única, empresa propiedad de Humberto Obed Montiel Herrera.
La compañía de este empresario, cercano al priismo, renta los amparos contra el Decreto por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados hacia México a cambio de una comisión que puede ir de 600 hasta 1,000 dólares, según el modelo del auto, indica una investigación publicada por la revista Manufactura.
Este decreto, publicado en 2011, establece restricciones para importar autos usados desde Estados Unidos, entre las cuales destaca el cobro de impuestos basados en precios estimados preestablecidos por la Secretaria de Hacienda, y que por lo general son mayores a los estipulados en las facturas.
Los amparos otorgados permiten el incumplimiento de los requisitos establecidos por el decreto en las 19 aduanas fronterizas en México.
Obtener un recurso de este tipo es totalmente legal, pero existen supuestas prácticas discrecionales en el otorgamiento de los amparos: 14 de los 17 que fueron concedidos benefician una red de empresas fachada que en la práctica son operados por Única.
Modus Operandi
Los loteros ubican y adquieren vehículos principalmente en California, Nuevo México y Nevada mediante subastas presenciales o vía Internet. Una vez concretada la compra, el vehículo se lleva rodando o en una madrina -en caso de estar accidentado- hasta la frontera y se deja en un estacionamiento.
El lotero lleva la factura a cualquiera de las empresas que operan con amparos, como es el caso de Única, para que realicen los procedimientos aduaneros a cambio de una comisión que varía según el modelo y el año del vehículo. Por ejemplo, por un auto de cuatro a seis cilindros, modelo 2005, se cobran 785 dólares. Por una unidad de lujo, año 2007, se cobra una comisión de 1,380 dólares, según la lista de precios de Única en poder de Manufactura.
Entre enero y mayo de 2014 se han importado 226,372 autos, mientras que en el primer semestre otros 10,176 vehículos pesados han ingresado al país. De esas cifras, 90% lo ha logrado gracias a un amparo, según la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) y la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT).
Única, que se encuentra instalada en el parque industrial El Álamo, en Mexicali, funciona como una especie de intermediaria entre la autoridad aduanal y los loteros para importar autos a cambio de una comisión que oscila entre 600 y 1,000 dólares, de acuerdo con sus listas de precios.
Para obtener estos amparos, Montiel Herrera creó varias empresas que sirvieron como fachada para solicitar los amparos. Por ejemplo, Grupo Integral de Servicios Logísticos Premier promovió las demandas 786 y 837; Importación y Distribución Textilera interpuso los recursos 529 y 467, y Servicios Trasnacionales de Comercio Exterior promovió la 597, según copias de los documentos en poder de Manufactura.
También hubo otras demandas solicitadas por Comercio Exterior Asia México, Grupo de Comercio Exterior Globalizado, Servicios Aduanales Platinium, Grupo Multinacional de Comercio Exterior y Agencia Aduanal Frantiel.
De acuerdo con las actas constitutivas, las empresas fueron creadas por familiares, conocidos o prestanombres de Montiel Herrera. De esta forma, a la hora de solicitar los amparos aparecían varios quejosos, aunque en la práctica todos serían operados por el empresario.
Un ejemplo son Importación y Distribución Textilera S.A de C.V. y Grupo Integral de Servicios Logísticos Premier S.A. de C.V., que se crearon el 11 de diciembre de 2007 y tienen como apoderada legal a Karina Montiel Verdugo, sobrina de Montiel Herrera, según consta en las actas constitutivas de las sociedades.
Varios de los amparos fueron otorgados por el juez José Neals André Nalda, del Juzgado Tercero de Distrito con sede en Mexicali, y quien en 2012 fue suspendido provisionalmente por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para ser investigado por su presunto favorecimiento a importadores de vehículos usados.
Ese mismo año, André Nalda fue adscrito a Chilpancingo, Guerrero.
Al frente del juzgado de distrito de Mexicali quedó Teresa de Jesús Sandoval Rodríguez, quien el 23 de junio de 2014 fue multada y requerida por el Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto circuito por obstruir los juicios de amparo. Esto porque no envió las constancias relativas a los juicios de amparo que obran en su poder, expedidos Nalda a las empresas de Montiel Herrera.