Diputados piden que se evalúe cancelar concesión a GMéxico
La Cámara de Diputados pidió al Gobierno Federal que evalúe retirar la concesión otorgada a Grupo México por su responsabilidad en el derrame de sulfato de cobre ocurrido el 6 de agosto en el Río Bacanuchi, que provocó daños al medio ambiente, la población y la economía local.
"Con la información que se nos presentó, la comisión especial solicita a las autoridades federales una sanción ejemplar, penal, civil y administrativa, en contra de la empresa minera Grupo México y los mandos directivos que resulten responsables", señala el informe presentado por la comisión especial creada para analizar el caso.
Además, los legisladores pidieron redoblar las acciones de vigilancia y supervisión de la empresa, a la que acusaron de poner en riesgo la vida de los habitantes, el medio ambiente y el desarrollo económico de la región.
El informe de la comisión especial enfatiza que Grupo México no tomó acciones para evitar el derrame, ni para reducir el impacto en el medio ambiente y los habitantes de las localidades afectadas.
El documento recomienda que Grupo México aporte alrededor de 5,000 millones de pesos (mdp) adicionales a los 2,000 mdp que la empresa aceptó dar para reparar los daños causados por el desastre minero.
Los recursos que demandan los legisladores se utilizarían para apoyar a las comunidades afectadas y reactivar la economía local en esa región de Sonora, de acuerdo con el informe de la comisión especial creada para investigar el caso.
Quitar la concesión es inviable
Banamex consideró que una cancelación de la concesión minera sería una decisión extrema y opinó que no hay recursos legales para llevarla a cabo, a menos que se cree una nueva ley para este caso.
Sin embargo los analistas de Banamex reportaron que, según conversaciones que tuvieron con funcionarios federales, las autoridades locales no están considerando la revocación de la concesión.
La empresa se opondrá a la creación de un fondo que exigen los legisladores, sobre todo porque el derrame no causó víctimas mortales, según el análisis de Banamex.
"Si las autoridades no revocan la concesión de la mina, el principal impacto para la compañía sería financiero", pues las aportaciones exigidas a la empresa representa aproximadamente el 2% de la capitalización de mercado de la firma.
