Daños por explosión en Cuajimalpa son valuados en 146.9 mdp
La explosión de una pipa de la compañía Gas Express Nieto dejó un daño valuado en 82 millones de pesos por la destrucción del Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa y de 64 millones 980,000 pesos por las pérdidas en muebles y materiales.
De esta forma, a la compañía, a través del representante legal, se le solicitó una garantía económica de 146 millones 980,000 pesos la cual deberá cumplir a más tardar a las 16:00 horas locales del miércoles.
Además fueron vinculados al proceso el representante legal y dos empleados de la firma: el gerente operativo de la planta y el encargado de Mantenimiento por el delito de daño a la propiedad culposo en agravio del Gobierno del Distrito Federal (GDF),
“La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) solicitó vinculación a proceso a la persona jurídica Gas Express Nieto, S.A., de C.V., y a dos de sus empleados (…) en virtud de haber acreditado su probable participación en los hechos ocurridos el 29 de enero del presente año, consistente en la destrucción por explosión del hospital”, señaló la PGJDF en un comunicado.
La explosión ocurrida el 29 de enero dejó 5 muertos y más de 70 heridos , y destruyó un 70% del hospital.
La explosión fue ocasionada por la fractura de dos tornillos en la pipa cuyos medidores se encontraban alterados, informó en febrero la Procuraduría capitalina.
La gasera aseguró ese mismo mes que terminó el proceso de indemnización a las familias de los cinco fallecidos.
En la audiencia inicial de este martes, los inculpados expresaron al juez el deseo de que sus datos se mantengan en reserva y renunciaron al término constitucional de 72 horas para que les fuera determinada su situación jurídica, por lo que el impartidor de justicia determinó este mismo martes vincularlos a proceso.
La probable responsabilidad del jefe de Mantenimiento consistió en no haber revisado el sistema de trasiego del tanque, y la del gerente operativo al dejar de verificar la labor de su subalterno.
El juez dictó medidas cautelares contra los empleados con una garantía económica por 500,000 pesos cada uno y presentarse a firmar ante la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares cada 15 días.
El juez Roberto Castellanos Barroso, titular del Juzgado 37 del sistema penal acusatorio de delitos no graves del Tribunal Superior de Justicia del DF, fijó un plazo de seis meses para que la fiscalía de la Procuraduría concluya la investigación del caso.
Con información de Notimex
