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Oceanografía quiere retomar el timón de la empresa

Un juez ordena la salida del SAE de la administración de la naviera, dicen abogados de la firma; los acreedores podrán nombrar un nuevo director general para dar viabilidad a la empresa, añaden.
Oceanografía está actualmente en concurso mercantil.  (Foto: Reuters)
oceanografia

El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) saldrá de la administración de Oceanografía, de acuerdo con un convenio modificatorio de un juez, difundido este lunes por los abogados de la compañía.

La decisión tomada por el juez tercero de distrito en materia civil en el Distrito Federal, Felipe Consuelo Soto, busca, en primera instancia, eliminar la "fecha de cierre" como etapa de cumplimiento de ciertas obligaciones que no están en las manos de Oceanografía ni de los acreedores reconocidos en el concurso mercantil. La fecha de cierre es antes del 31 de diciembre del presente año.

Además, pretende dar viabilidad a la empresa a través de la designación, por parte de los acreedores, de un director general y un director de operaciones, reservándose aún la designación del director financiero.

La decisión “implica, la búsqueda y el acuerdo de la mayoría de los acreedores reconocidos y de los trabajadores, así como la salida de la Administración de la sociedad”, según constata en el convenio modificatorio.

En el documento se establece que Alberto Duarte Martínez, representante de Oceanografía, designará al director general de la empresa en un plazo de 24 horas siguientes a la firma de este documento, y tendrá la facultad para nombrar al director operativo de la empresa.

El abogado de Oceanografía informó a CNNExpansión, vía correo electrónico, que el plazo para designar al director general de la empresa correrá dentro de cinco días concedidos por el juez.

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La empresa está proponiendo a Juan José García González como director general y Alberto Duarte como director operativo.

El abogado de la empresa considera que no le asiste ningún derecho de impugnación al SAE para tratar de revertir la decisión que tomó este lunes el juez respecto a Oceanografía.

Según los abogados de la empresa, la resolución del juez se basa en que los acreedores han impuesto la necesidad de la salida del SAE de la administración de la empresa, bajo los argumentos de que la dependencia no garantiza ni cuenta con la experiencia para manejar una empresa de tal tamaño, la cual contaba hasta antes de la inhabilitación -en febrero de 2014- con una flota de 69 buques de última generación y  11,000 trabajadores.

La resolución concede cinco días a quienes son acreedores reconocidos para poder realizar manifestaciones respecto de esta modificación propuesta y, además, permite sumarse a aquellos acreedores que en el plazo citado quisieran adherirse al acuerdo.

El pasado 18 de mayo, el juez Felipe Consuelo Soto aprobó el convenio que propuso la empresa Oceanografía a sus acreedores, con lo cual se daba por terminado el concurso mercantil de la firma contratista de Pemex.

En el acuerdo se detallaba la forma en que se pagará la deuda reconocida y obligaba a adherirse al mismo a todos los acreedores -comunes, subordinados, con garantía real o privilegio especial-: Ashmore, EIG Global, Moneda, Fratelli Investment, DF Deutsche Forfait, ICE, MLF Trust, entre otros.

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El presunto ‘fraude’

A inicios de 2014, el Gobierno solicitó la intervención de Oceanografía luego de que el banco mexicano Banamex, y su casa matriz estadounidense Citigroup, reconocieran un fraude por cerca de 5,000 millones de pesos, por facturas incobrables.

Oceanografía era la mayor prestadora de servicios de embarcaciones de Pemex en la zona de Campeche, donde se encuentran las mayores cuencas de petróleo del país.

Oceanografía habría solicitado a Banamex un préstamo por unos 300 millones de dólares, con documentos de contratos de servicio con Pemex, que resultaron falsos.

Las autoridades federales han señalado que el presunto fraude afectó tanto al banco mexicano referido, como a Citi Group, la compañía estadounidense de la cual es filial la institución financiera.

El caso de Oceanografía se dio a conocer a principios de 2014, poco después de que el gobierno federal promulgara una reforma constitucional que abre el sector energético a la inversión privada.

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En el primer semestre de 2014, tanto la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) como Banamex y su matriz Citigroup concluyeron las investigaciones relacionadas con el presunto fraude, lo que derivó en el despido de 11 funcionarios del grupo financiero, incluyendo cuatro ejecutivos de alto nivel

En octubre, la CNBV impuso una multa a Banamex de casi 30 mdp en octubre pasado por la omisión en la creación de mecanismos de control eficientes, que le permitieran al banco verificar el debido cumplimiento de las funciones a cargo del área de contraloría interna.

En este mismo mes, la unidad mexicana de Citi informó la renuncia de Javier Arrigunaga a la dirección de Grupo Financiero Banamex. Mientras que en junio de este año Manuel Medina Mora, otrora copresidente de Citi, dejó sus cargos en la matriz estadounidense para permanecer como presidente de Banamex, pero con funciones no ejecutivas.

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