Reformas agilizarán contratación pública
Las nuevas reformas hechas al sistema de compras y contrataciones públicas permitirán adjudicar proyectos después de declarar desierta la primer licitación, informó la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Además, para agilizar la inversión pública, durante 2009 el Gobierno exceptuará de licitación los proyectos de infraestructura con mano de obra intensiva. También dará velocidad a los procesos que buscan eliminar trámites de autorización para emitir convocatorias.
Los nuevos lineamientos beneficiarán a las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), pues tendrán preferencia en la evaluación de sus propuestas; tendrán licitaciones exclusivas y recibirán anticipos en bienes que ocupen más de 60 días en producirse. También se reducirá el tiempo de pago a proveedores.
Estos cambios se deben a que la Presidencia de la República sancionó y ordenó la publicación (en el Diario Oficial de la Federación) del decreto de las reformas al sistema de compras y contrataciones públicas, aprobadas por el Poder Legislativo el 30 de abril de 2009.
El paquete incluye reformas a la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y al Código Penal Federal.
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En caliente
- Agilidad a los procesos al eliminar trámites de autorización para emitir convocatorias. Se permitirá licitar de inmediato.
- Reducción de los plazos para la resolución de inconformidades.
- Mecanismos ágiles y novedosos para dirimir los conflictos.
- Adjudicación de proyectos después de declararse desierta la primer licitación.
- Durante este año se exceptuaran de licitación los proyectos de infraestructura con mano de obra intensiva.
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A fuerzas
- Obligatoria la publicación en Compranet de padrones de proveedores, productos e historial de las empresas.
- Las bases para participar en licitaciones públicas serán gratuitas y estarán disponibles en internet.
- Obligatoria la participación de testigos sociales en las principales compras del gobierno y sus informes deberán ser públicos.