Tanto en Michoacán como en Sinaloa, los gobiernos estatales pretenden reformar sus leyes de Obras Públicas para dar prioridad a los constructores y contratistas locales.
En Michoacán planean que sólo empresas que garanticen certidumbre y cumplimiento en la ejecución de las obras puedan pertenecer al padrón de agremiados de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC). También darán prioridad a las firmas michoacanas en las licitaciones de infraestructura y obra pública.
Por su parte, los empresarios de la construcción pretenden que se incluya en la ley un proceso de certificación para los contratistas, con la finalidad de disminuir la tramitología, indica información del Gobierno de Michoacán.
Por otro lado, el gobierno de Sinaloa informó en comunicado de medios que las reformas a su ley de Obra Pública buscan "privilegiar a los constructores locales, aun y cuando su propuesta sea hasta 5 ó 10 % mayor que la de sus competidores foráneos, a la hora de concursar en las licitaciones".