El Senado da luz verde a la Ley de APP
El Senado de la República aprobó en lo particular la Ley de Asociaciones Público Privadas (APP), que permitirá al Gobierno federal asociarse con particulares para la prestación de servicios públicos. La iniciativa fue enviada por el Ejecutivo federal en noviembre de 2009 y aprobada en lo general por la Cámara Alta en abril de 2010. Actualmente el proyecto fue remitido con los diputados para su ratificación.
La disposición, aprobada con 85 votos a favor y ocho en contra, permite que los privados den servicios al sector público hasta por 40 años, mediante el procedimiento de concurso, además de que deja a las autoridades federales adjudicar contratos a particulares sin licitaciones una vez que las convocatorias sean declaradas desiertas.
El socio a cargo de la Práctica de Infraestructura y Gobierno de PriceWaterHouseCoopers (PWC) México, Francisco Ibáñez, expresó que la adjudicación directa deberá beneficiar a la entidad contratante para que obtenga mejores condiciones en los contratos.
Ejemplificó que en países como Inglaterra este proceso es muy útil para que las partes negocien e interactuaren, sobre todo en proyectos grandes como lo son las concesiones.
"Apoya (la ley de APP) a la celeridad de los proyectos", argumentó. En entrevista con Obras comentó que este marco regulatorio dará tranquilidad a la inversión tanto nacional como extranjera, debido a que es específico para proyectos de infraestructura.
De acuerdo con lo aprobado por el Senado, las dependencias de la Administración Pública Federal (APF) podrán asociarse con particulares para construir infraestructura con esquemas distintos a los contemplados por la Ley de Obras Públicas y Servicios, así como por la Ley de Adquisiciones.
"Con este nuevo estatuto se pretende impulsar el desarrollo de nuevos proyectos de infraestructura , incentivar la inversión, atender necesidades sociales, fomentar el empleo y crecimiento económico de manera más ágil", publicó la Cámara Alta en comunicado de medios.
La Ley de APP excluye a la industria petrolera y a los fideicomisos gubernamentales de este tipo de asociaciones, con tal de evitar una posible privatización. De igual forma obliga al Gobierno federal a asociarse únicamente con personas y empresas mexicanas.
Este proceso no aumentará la corrupción en las entidades gubernamentales, ya que actualmente existen casos en los que se lanzan licitaciones pero el proyecto probablemente ya está "asignado", expuso.
(Con información de Notimex)