Greenpeace, acusada por dañar arrecife
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informó a través de un comunicado que abrirá una investigación en torno a una protesta realizada por Greenpeace y otros grupos ambientalistas el pasado 5 de junio en Cabo Pulmo, Baja California Sur.
El conflicto surgió cuando la organización no gubernamental (ONG) arrojó al mar un salvavidas de 15 metros de diámetro que fue fijado con un ancla, acción que pudo haber dañado el arrecife que la misma agrupación dice proteger.
La dependencia afirmó que Greenpeace había solicitado un permiso para colocar el inflable gigante en el Parque Nacional Cabo Pulmo, mismo que le fue negado, por lo que su manifestación se llevó a cabo fuera del marco legal.
Por su parte, la ONG emitió un comunicado donde aseguró contar con las autorizaciones de ley e incluso con el aval de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), haciendo referencia concreta al oficio de "no objeción" NUM PNCP-EXT-093/11 emitido por Javier Alejandro González Leija, director del Área Natural Protegida de Cabo Pulmo (ANP). Además, el grupo ambientalista negó que el salvavidas tuviera el anclaje referido por la autoridad federal.
En dicho oficio, se lee que la actividad que fue autorizada a Greenpeace fue una filmación sin fines de lucro dentro del Parque Nacional Cabo Pulmo. El objetivo es "llamar la atención de la opinión pública hacia la necesidad de proteger el parque, colocando un salvavidas gigante, inflándolo inicialmente en la zona federal marítimo terrestre de Cabo Pulmo, para posteriormente ser remolcado con la ayuda de dos embarcaciones donde será sostenido, sin utilizar ningún dispositivo de anclaje para las tomas aéreas capturadas con el apoyo de un ultraligero".
A través de un comunicado de medios, Greenpeace aseguró haber acatado las recomendaciones de la Conanp y nunca haber utilizado ningún tipo de anclaje. Sin embargo, la Semarnat emitió un segundo comunicado aclarando que "la autorización del permiso solicitado por Greenpeace y otras organizaciones ambientales para colocar un salvavidas de 15 metros de diámetro dentro del polígono Parque Nacional Cabo Pulmo, en Baja California Sur, es atribución únicamente de esta Secretaría, la cual mediante el oficio PNCP-EXT-094/11, expedido el 3 de junio, resolvió que no procede la autorización de dicho evento". Agregó además que para realizar actividades en áreas naturales protegidas (ANP) se requiere presentar una Manifestación de Impacto Ambiental, la cual "no fue presentada por los solicitantes ante esta Secretaría".
Por su parte, Pablo Tamez, delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Baja California Sur, aseguró ante los medios de comunicación que la situación amerita la intervención de la dependencia que representa y que ya se están realizando investigaciones para fincar responsabilidades por el daño que el artefacto pudiera haber causado en el ANP.
Cabe resaltar que el motivo de esta protesta es la autorización emitida por segunda ocasión por la Semarnat para la construcción del desarrollo turístico e inmobiliario Cabo Cortés, promovido por la empresa Hansa Baja Investments, filial de la española Hansa Urbana, cuyo monto de inversión está calculado en 2,000 millones de dólares (mdd).
Hansa Baja Investments reiteró, en conferencia de prensa, que el proyecto Cabo Cortés es 100% sustentable y cumple con los requerimientos de ley, por lo que ellos se concentrarán en atender las condicionantes que la Semarnat ha determinado tras haber otorgado la autorización por segunda ocasión para la consolidación de este desarrollo turístico e inmobiliario.