El presupuesto de México para 2010

La recesión en México avasalló intensamente a todos los sectores económicos. Debido al contagio de la economía de Estados Unidos la actividad industrial mexicana retrocedió 10.8% en los primeros cinco meses del presente año, cifra exacerbada por la caída que se ha presentado en las manufacturas (-15.8% para el mismo periodo). No obstante debe señalarse que si bien la disminución de la producción industrial es en parte atribuible a la mengua en la elaboración y exportación de manufacturas, ello no es el único factor.

En la parte de la construcción también puede observarse que el sector privado detuvo su proceso de inversión, por lo que a pesar del aumento en el presupuesto del Gobierno federal para la construcción de carreteras y realización de obra en Pemex los resultados en términos netos marcan que hasta mayo dicha industria retrocedió 8.5%, principalmente porque en materia de edificación y construcción de obras de ingeniería y obra pesada se han acumulado bajas de 8 y 8.1% respectivamente, a los cuales se sumó un desplome en los trabajos especializados de 13.9%.

Sin lugar a dudas lo anterior resalta un aspecto relevante para la economía mexicana, y es el de la falta de eficiencia que el gasto de gobierno exhibe en el caso de México para impulsar a la economía. El hecho de que se cuente con un presupuesto que en su momento de aprobación se calificó como histórico en materia de infraestructura , simplemente en la ejecución real ha colapsado ante la falta de una política económica que tenga bien definido el rumbo del país.

La falta de sinergia entre el sector público (nacional, estatal y municipal), el privado, las universidades y la sociedad en su conjunto impide la implementación de programas que de manera decidida eliminen los rezagos productivos y competitivos de México.

La generación y cobro por uso de la energía eléctrica es un claro ejemplo de la falta de coordinación entre el Gobierno y las necesidades de una sociedad cada vez más pobre y desigual.  En días pasados la Secretaria de Hacienda y Crédito Público tuvo que desmentir declaraciones de sus funcionarios en el sentido de que se disminuirían los subsidios al consumo  de energía eléctrica, los cuales en el presente año superan los 106,000 millones de pesos. Sin embargo cuando se observa que ha existido un cambio en la formula de cobro de la electricidad puede inferirse que en términos prácticos la Comisión Federal de Electricidad ha decidido incrementar los precios de un bien primordial tanto para la producción como para la vida diaria de los mexicanos (la modificación básicamente se traduce en un incremento en los precios  tanto para la industria como para las personas de 13% y 4.6% respectivamente).

Lo anterior es francamente decepcionante cuando se observa que el presupuesto de Luz y Fuerza del Centro básicamente se ocupa para pagar las prestaciones de los servidores públicos, sus pensiones  y que el ejercicio de la obra pública adscrita a la empresa se descuida. Las cifras son claras: de los 33,700 millones de pesos presupuestados 12,800 millones son para servicios personales, 11,800 millones para pensiones y 5,200 millones para obra pública, es decir únicamente 15.4%  de su presupuesto es destinado para elevar la producción de electricidad, y con ello disminuir los costos para las empresas y las personas.  Aún más grave es el hecho de que en el primer semestre del año Luz y Fuerza del Centro únicamente haya ejercido el 28.7% del presupuesto con el que cuenta para obra pública, situación que al final del año podría reflejarse en un posible subejercicio, algo lamentable para un país inmerso en una profunda crisis económica.

Por tanto, la dimensión del problema económico en México no es atribuible a la recesión estadounidense , y la mejor evidencia adicional la representan tanto el sector servicios como la evolución de la pobreza.  

En el primer caso el Indicador Global de Actividad Económica (IGAE ) correspondiente al sector servicios señala que hasta mayo del presente año el retroceso fue de 9.6%, es decir  una caída superior a la experimentada en el mismo periodo durante la terrible crisis de 1995.

La caída en el sector de los transportes, el comercio, la educación, el apoyo a los negocios, principalmente, explica el desplome del sector al mismo tiempo que da una señal clara de que el mercado interno mexicano tiene una debilidad que afecta los elementos más necesarios para el desempeño de la actividad económica y social de las personas.

De igual manera debe mencionarse que el mercado interno llegó a la crisis con un problema de incremento en la pobreza, situación que se presentó antes de la crisis financiera. Si bien los organismos oficiales argumentan que el problema fue el incremento en el aumento en el precio de los alimentos que a nivel internacional se suscitó, ello no deja de lado que entonces el problema es del modelo económico en su conjunto, ya que la alta dependencia del país hacia la importación de bienes de consumo, y de insumos intermedios para la producción, lo ha hecho altamente vulnerable a los vaivenes del ciclo económico mundial, algo que no necesariamente está sucediendo para en países como Brasil y China.

La presencia de la crisis mundial en un momento de debilidad interna simplemente ha provocado el colapso de la economía mexicana, y el ejercicio del presupuesto federal no ha sido capaz de enfrentar exitosamente el problema, ya que de acuerdo a la mayoría de las perspectivas el PIB registrará una caída cercana al 7% en 2009 , es decir la más grande en la historia reciente de México.  Los problemas estructurales de la nación ya eran patentes en el análisis que presentamos hace algunos meses en nuestro libro "México, la crisis social de un modelo económico", editorial ITACA. Básicamente puede afirmarse que los problemas no son exógenos, responden a un modelo que no ha sido exitoso desde hace más de veinte años, hoy simplemente enfrenta condiciones externas aún más adversas, la cuales no se atendieron oportunamente. 

Para 2010 la obligación del Gobierno federal y de los partidos políticos representados en el poder legislativo es la de elaborar, ejecutar  y vigilar un presupuesto ajustado a la realidad, pero que al mismo tiempo este alineado con las necesidades de la población y las empresas, ello sin descuidar la eficiencia. Sin duda la mezcla es difícil de lograr, pero justamente es la solución que se debe de esperar de un proceso político  que en 2009 le costó a México casi 13 ,000 millones de pesos, es decir alrededor de seis veces lo que se destina a la elaboración de textos de libro gratuitos para educación básica, o más de lo que se destinó al presupuesto de infraestructura en puertos, aeropuertos y ferrocarriles.

Como ya lo habíamos mencionado, el compromiso de los votos es social, en otras palabras tiene que corresponderse con las personas que decidieron salir a emitir su voto para validar un proceso de democracia formal que no se ha reflejado en una mejora económica. Pero al mismo tiempo el compromiso de los votos también es con quienes no votaron o lo hicieron en blanco, ya que de otra manera la señal sería que tenían razón y de que el sistema político mexicano no entiende la magnitud de su compromiso histórico.

El debate en los próximos meses será intenso, sobre todo a partir de las declaraciones que desde diversas cámaras empresariales, y aún desde el propio Gobierno, se han hecho de que el modelo económico tiene un mal funcionamiento. El siguiente detonante será la propuesta de reforma fiscal que se presentará con el proyecto de presupuesto en donde habrá que observar si existe la intención de gravar con el IVA al consumo de  alimentos y medicinas en un momento de aumento a la pobreza, desempleo y falta de crecimiento económico.  A partir de dichas definiciones tendremos la evidencia sobre si la estructura de Gobierno atiende las necesidades de la población y las empresas, o si continuamos en un proceso de deterioro económico y social, la responsabilidad se encuentra en el Gobierno  federal y el poder legislativo.

* El autor es profesor del Departamento de Finanzas y Economía del Tecnológico de Monterrey, campus Estado de México. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y se ha desempeñado laboralmente en los sectores privado, académico y público, en este último como Subdirector de Análisis Macroeconómico en la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.