La batalla de Napoleón

"Charros prostitutos y traidores". Mario García, líder de la sección 271 del Sindicato Minero, no ahorra palabras para los representantes de los trabajadores en las siderúrgicas Ternium y Ahmsa. Estas empresas y sus sindicatos renovaron sus contratos colectivos con incrementos salariales cercanos a la inflación y sin dar la guerra que otros sindicalizados han dado en Cananea, Sombrerete o Taxco, donde se acumulan dos años de huelga. García rechaza la oferta de Arcelor Mittal de un incremento del 7% para que sus 3,750 trabajadores sindicalizados vuelvan a trabajar. "No se cumplieron las expectativas, ni 50% de otras revisiones", dice García.

El complejo de ArcelorMittal en Lázaro Cárdenas, Michoacán, es una ciudad dedicada a la extracción de hierro, la fundición de acero, su laminado y su distribución nacional e internacional. Las cuatro empresas del complejo están detenidas desde el 8 de agosto. El sindicato pide que no conviertan en "multiusos" a los trabajadores (es decir, que no fusione en un único contrato colectivo los cuatro existentes), que echen para atrás la decisión de no sustituir las vacantes de quienes dejen su empleo y que no se recorte la plantilla en 20%.  "La empresa se ha portado bien", dice García, "pero está actuando bajo la presión de la Secretaría del Trabajo".

Todo es mucho más complicado. Detrás de estos reclamos está la mano del líder sindical prófugo Napoleón Gómez Urrutia, de quien García es "sustituto" oficial y uno de sus lugartenientes aún leales. Ésta es otra de las huelgas que Gómez arranca desde que huyó hace dos años a Canadá acusado de meterse al bolsillo 55 millones de dólares de los afiliados al sindicato.

La gran incógnita de esta novela que cumple dos años de huelga en las minas de Taxco, Cananea y Sombrerete, y dos semanas en Lázaro Cárdenas, es por qué los trabajadores siguen respaldando a un líder que heredó el sindicato de su padre, jamás en su vida trabajó de minero o nada que se le parezca, y que supuestamente se robó una millonada de dólares. Napoleón ha podido paralizar minas y plantas siderúrgicas exigiendo al gobierno el fin de las órdenes de aprehensión en su contra (que obviamente dependen del poder judicial) y, últimamente, el pago de 100 millones de dólares de indemnización. Gómez Urrutia cuenta además con el apoyo de las grandes centrales sindicales del sector en Estados Unidos y Canadá, que no dudan en considerarlo un héroe de la lucha sindical y un perseguido político de un gobierno que, según estos líderes, responde a los intereses del Grupo México de Germán Larrea. ¿A quién creer?

Transparentes, todos

La causa del desconcierto es una legislación laboral que permite a los sindicatos la plena opacidad en el manejo de los recursos de los trabajadores. Lo que los bancos, Hacienda, las asociaciones civiles o el Teletón deben mostrar por ley (de dónde viene el dinero, a dónde va, y cuánto cobra cada quien por el camino) es algo que los líderes sindicales se cuidan mucho de compartir amparados en su autonomía y sus estatutos. "Hay un problema serio de transparencia y de rendición de cuentas al interior del los sindicatos, y un problema serio en cómo se eligen", dice Manuel Molano, director general adjunto del Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO.

Suena razonable. Los Romero Deschamps, Elba Esther, Gómez Urrutia, Hernández Juárez y demás figuras disfrutan de una vida holgada mientras vemos deteriorarse la calidad de los servicios de las instituciones en las que trabajan y la calidad de vida de sus representados. De paso, usan su poder político para detener reformas estructurales esenciales que pueden deteriorar su posición.

Por supuesto del otro lado también hay que preguntarse por la responsabilidad de las empresas que durante años firmaron pactos perversos con los líderes sindicales para mantener eso que se llamaba "paz social" e hicieron la vista gorda ante los abusos de los líderes con sus empleados. De aquellos polvos, estos lodos.

Los Gómez fueron clave para el Grupo México de los Larrea. Una empresa a la que, dicho sea de paso, se le murieron 65 mineros y aún no nos queda claro si fue por culpa de la empresa que no invirtió en seguridad, del sindicato que no utilizó fondos de manera adecuada, de un inspector laboral local o federal que hizo la vista gorda ante malas condiciones laborales o, lo que no cabe descartar, la mala fortuna. De nuevo, una legislación laboral que elude la transparencia con una tenacidad asombrosa.

Una reforma posible

La crisis de la manufactura mexicana en la última década, la recesión económica que vivimos y la globalización pueden acelerar las transformaciones de este sindicalismo rancio, autoritario y que no rinde cuentas. Hoy sólo 25% de las empresas manufactureras mexicanas tienen la rentabilidad que permite "financiar" los costos de un sindicato, según un informe del IMCO sobre la manufactura, donde hoy trabajan 2 millones de trabajadores sindicalizados, menos de 5% de la población econó. Los sindicatos se han encargado de erosionar la productividad y hoy apenas sobreviven industrias extractivas como la minera y petrolera. Aun así, "el negocio hoy en día no es poner una empresa, sino poner un sindicato", ironiza Molano, del IMCO.

Para eliminar la opacidad de los sindicatos, la única solución sería una reforma laboral que, sin ir contra los lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre independencia sindical, exija la auditoría de las cuentas sindicales y establezca la votación secreta para el nombramiento de líderes. Ay de quien vaya contra la cargada en las elecciones a mano alzada de hoy en día.

En contra de lo que afirman ciertos autodesignados voceros de los trabajadores, en un país en el que los sindicalizados son sistemáticamente engañados por sus líderes, en el que las empresas pierden competitividad por exigencias delirantes y dejan de contratar, y sobre todo, en el que dos terceras partes de la población activa está en el sector informal, sin ningún tipo de protección, debido a la rigidez de la contratación/despido mexicanos, no parece lógico seguir aplazando una reforma laboral por el que todos los sectores claman desde 2000.

¿Qué pasará con la huelga en Lázaro Cárdenas? El heredero Gómez Urrutia ha trazado un rastro de huelgas, clausuras y cierres de plantas de dos años con costos enormes para las compañías y los trabajadores. "Ha implantado el terrorismo sindical en el sector minero", dice Carlos Pavón, secretario de Asuntos Políticos del Sindicato Minero, ex leal vocero de Gómez Urrutia. "El apoyo a Napo está muy fuerte todavía, y él vive cada vez que hay una huelga, un muerto".

El gobierno insiste desde 2007 en "que se cumpla la ley". Es decir, los estatutos del sindicato. "El señor Napoleón Gómez Urrutia está impedido para asumir el cargo de Secretario General del Sindicato minero... por los propios estatutos del sindicato", que exigen que el dirigente haya sido minero, respondió en un comunicado el secretario Javier Lozano a los líderes sindicales internacionales que defienden a Gómez Urrutia.

El tiempo pasa y los "charros y prostitutos" parecen crecerle a Napo por todos lados. Los tribunales canadienses analizan la petición de extradición por el supuesto uso indebido de un fideicomiso de 55 mdd. Sus viejos aliados lo dejan solo. "Tenemos información de que compró una casa a su hijo de 1.3 millones de dólares, otras compras de propiedades por 20 millones , así como cuentas de American Expres, transferencias, etc", dice Pavón.  

García insiste en deslindar su huelga de ArcelorMittal de la situación jurídica de Gómez Urrutia: "el emplazamiento de huelga vencía el 1 de agosto, pero Napoleón dio una prórroga para que los traidores no dijeran que pone los intereses propios de por medio", asegura García.

En los tiempos de la manufactura flexible, ¿qué sentido tiene exigir que el empleado de un área no trabaje en otra?; en plena crisis mundial, ¿qué posibilidades de éxito tiene la exigencia de que se cubran las vacantes?  y, en un sentido más amplio, despúes de dos años y medio de fracaso, ¿qué sentido tiene exigir el retiro de órdenes de aprehensión?

Si uno lleva el destino en el nombre, el chiste es fácil y dramático. Cuando Napoleón Bonaparte abandonó su exilio de Santa Elena y condujo sus tropas hacia la batalla de Waterloo estaba en juego Europa, el destino de Francia y el liderazgo de la Gran Bretaña. En el que puede ser el Waterloo del prófugo Gómez Urrutia no está en juego más que la miseria en la que ya viven los trabajadores mineros de Cananea, Taxco y Sombrerete, la destrucción en tres años del sindicato que su padre contruyó en 40 y una inevitable presentación ante la justicia para responder a las dudas que, por ley, nunca ha respondido.

* Alberto Bello es director editorial de Negocios de Grupo Editorial Expansión.