Tercer Informe, ¿cuál es el escenario?

El Tercer Informe de Gobierno del Presidente Felipe Calderón se presenta en uno de los escenarios más desfavorables de lo que va de su administración, propiciado en buena medida, por la tremenda crisis económica en la que se encuentra inmerso el país. El Presidente Calderón desde el inicio de su periodo gubernamental, ha optado por inclinar gran parte de sus fuerzas a la lucha frontal y directa contra la delincuencia organizada, en específico contra el narcotráfico. En dicha lucha, el Gobierno no ha escatimado en recursos , teniendo como resultado, no sólo el reconocimiento de la mayoría de los ciudadanos, sino también, una considerable merma en la estructura financiera y organizativa de los diversos cárteles de la droga.

El combate en contra del narcotráfico se ha convertido en el rasgo distintivo de este sexenio, desdibujando en la agenda del Ejecutivo algunos otros temas, que hoy en día, resultan los aspectos más sensibles e importantes para la ciudadanía.

A finales de 2008 surgió la peor crisis económica de la que se tenga memoria , originándose en Estados Unidos y diseminándose de forma posterior en el resto del orbe.

Para contraatacar los efectos de dicha crisis, al inicio del 2009, se anunció por parte del Presidente Calderón, una serie de medidas tendientes a obtener una reducción de los efectos negativos en la economía nacional. Conforme fue avanzando el año, la recesión se fue tornando más agresiva, diluyendo las posibilidades de una pronta recuperación.

Una de las medidas propuestas por el Ejecutivo, fue la creación de obras de infraestructura para mantener -al menos temporalmente-, las fuentes de empleo de miles de personas . Si bien a lo largo del presente año el gobierno ha invertido un porcentaje importante en obra pública, ante la magnitud y proporciones de la problemática, dichas medidas han resultado de poco impacto ante la embestida de la crisis económica.

Aunado a lo anterior, se tomaron una serie de disposiciones para frenar la creciente alza de desempleo, consecuenia directa de la situación económica imperante, como la implementación de paros técnicos en varias empresas, con miras a que éstas no se vieran en la necesidad de despedir a sus trabajadores, ante la escasa o nula productividad en sus operaciones. Esta medida al igual que la anterior, ha servido de poco ante los estragos económicos que padece el país. El plan de generar empleos temporales, así como el propiciar los paros técnicos, no parecen ser remedios suficientes. 

Mientras que las empresas (pequeñas, medianas o grandes) no encuentren canales para la distribución y venta de sus productos y/o servicios, no existirán elementos suficientes que impidan su quebranto. Por ello se requieren la aplicación de políticas públicas más audaces que puedan abatir la inestabilidad económica, así como la elaboración de iniciativas que culminen en reformas estructurales en materia económica. Para ello, es indispensable no sólo la voluntad firme del Ejecutivo, sino también la de los legisladores, quienes deberán dejar a un lado sus intereses partidistas, para asumir con responsabilidad los puntos esenciales de la agenda nacional.

El desempleo, el alza de precios en productos y servicios, la falta de productividad de diversos sectores económicos y la escasa recaudación fiscal resultado de la evasión, ilusión y débil generación de beneficios por parte de personas físicas y morales, hace vislumbrar una situación insostenible económica y socialmente para el país.

Sólo a través de la realización de una reforma fiscal a fondo , se podrá generar una inversión económica permanente que traiga consigo mayor productividad y generación de empleos. Es por ello, que tanto el Ejecutivo como el Legislativo, deben actuar a la altura del contexto histórico imperante y diseñar sin regateos, un esquema fiscal eficiente.

Siguen quedando pendientes las reformas en materia de seguridad social planteadas al inicio de este año, como la ampliación del periodo de atención para derechohabientes que lleguen a perder su empleo, así como aquellas que permitan solventar las necesidades básicas de las personas que se encuentren en dicho supuesto. Hoy más que nunca, estas iniciativas como las antes mencionadas, deben efectuarse de manera inmediata, pues de lo contrario el colapso social y económico será ineludible.

En materia de seguridad, la Presidencia ha obtenido varios resultados positivos, como la incautación de grandes volúmenes de drogas y armamento, la detención de mandos altos e intermedios de diferentes cárteles y funcionarios públicos coludidos con la delincuencia.

De igual forma -de manera parcial-, se ha cumplido con algunos de los puntos asumidos en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, como el establecimiento de modelos de control y medición de confianza, así como la depuración de miembros corruptos integrantes de diversos cuerpos policíacos. También es plausible, la aprobación de la iniciativa legal en la que se regula el registro, establecimiento y acceso a base de datos de los equipos de telefonía móvil y fija.

Sin embargo, siguen quedando pendiente la aprobación de varias reformas legislativas a las que el Gobierno Federal y el Legislativo se comprometieron en el Acuerdo en cuestión, como: el fortalecimiento y eficacia del Ministerio Público, la creación de redes de atención a víctimas de delitos a nivel nacional, la generación de medios de participación ciudadana en el sistema de denuncia contra la corrupción y mala actuación de los servidores públicos de nivel Federal, estatal y municipal, entre otras que resulta indispensable concretizar.

Por tanto, el balance en materia de seguridad es sólo parcialmente positivo , ya que sigue subsistiendo un déficit en la consolidación de un verdadero ambiente de seguridad integral para la ciudadanía, la cual, sigue percibiendo un riesgo en su persona al momento de salir a la calle.

Por tal motivo, resulta ineludible la materialización en leyes de los puntos faltantes del Acuerdo Nacional, así como la reorientación y fortalecimiento de las acciones en contra de la delincuencia, en aras de reducir, no sólo el poder del narcotráfico, sino de los otros grupos de delincuencia organizada que afectan a la sociedad mexicana.

Por último, es necesario consumar a nivel constitucional y legal, la creación de una policía nacional, capacitada y habilitada para combatir eficazmente al crimen organizado, para que de esta forma, se disminuya -paulatinamente-, la presencia del Ejército en las labores policíacas; pues de lo contrario, los abusos y violaciones de Derechos Humanos seguirán a la orden del día , propiciando un desgaste innecesario para una institución tan importante y prestigiada como es el Ejército Nacional.

El ciudadano lamentablemente puede acostumbrarse a la violencia, incluso coexistir con ella, pero jamás podrá acostumbrarse a la incertidumbre de no saber cómo mantener su fuente de ingreso de la que depende su familia. Es la economía la gran ausente en las acciones legislativas y de gobierno durante este año. Si no se cambia el rumbo, impulsando las reformas necesarias para nulificar la crisis, no sólo tendremos un país más pobre, sino que también tendremos un país más violento por la falta de fuentes  formales de ingreso.     

* Director de la Maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana