Las Pymes deben aprender a ‘madurar’
¿En qué momento se cuestiona una empresa si debe dar inicio a un proceso de institucionalización?
Esta pregunta podrá surgir cuando la empresa requiera esquemas de financiamiento más competitivos y significativos para crecer sostenidamente, expandirse, diversificarse o desarrollar nuevos productos.
Dicho momento se da dentro de lo que se denomina ciclo de vida de la empresa, el cual se conforma por etapas de desarrollo que se traducen en diferentes patrones de pensamiento y comportamiento organizacional.
Cada etapa, conlleva diferencias en cuanto a la definición de los objetivos, estrategias y procesos administrativos de la empresa, que se requieren definir para llevar a cabo la realización de sus funciones de planeación, organización, liderazgo y control, así como de las características de su cultura organizacional y de sus procesos de toma de decisiones.
En la literatura especializada sobre el ciclo de vida de la empresa, las propuestas tienden a converger hacia modelos de cuatro o cinco etapas que pueden simplificarse como: de inicio, de crecimiento, de madurez, de declive y de término (o revitalización).
La transición de una etapa a otra significa un cambio para la organización, a la cual tendrá que reaccionar de manera positiva la empresa para enfrentar diversos problemas relacionados con factores internos y externos que le son adversos (crisis); o para aprovechar las oportunidades que ofrece un nuevo escenario económico y financiero en los mercados (potencial de crecimiento).
Oponerse al cambio genera restricciones al crecimiento de la empresa y, en el caso extremo, sienta las bases de limitaciones para su permanencia en los mercados.
Como se sabe, uno de los grandes problemas que enfrentan las empresas mexicanas, particularmente, las medianas y pequeñas en un mundo globalizado, es la posibilidad de obtener recursos financieros con los cuales materializar sus proyectos de inversión a mediano y largo plazos.
Las limitaciones que existen para tener acceso de manera ágil al financiamiento son el reflejo de una de las problemáticas de la empresa para alcanzar el crecimiento sostenido y causa financiera por la cual fracasan los negocios en México.
Por ello, la necesidad de la institucionalización de la empresa puede ser vista como un momento en donde se requiere para el negocio llevar a cabo un importante proceso de expansión, que necesita de capital fresco y de grandes montos de recursos.
Esta necesidad conlleva a que la empresa cumpla con específicos requisitos de tipo económico, financiero y legal, los cuales determinarán un costo para la empresa, en función de su grado de riesgo.
En este contexto, para que la empresa tenga la opción de potenciar sus mecanismos de financiamiento deberá adoptar una estructura profesional y formal de gobierno conforme a mejores prácticas y de acuerdo a lo que establece la Ley del Mercado de Valores.
Para tal efecto, la ley define un modelo para facilitar el camino de la institucionalización de la empresa, el cual se denomina sociedad anónima promotora de inversión bursátil (SAPIB). Este modelo es un estado temporal que se ubica entre la figura de sociedad anónima promotora de inversión (SAPI), que se caracteriza por un menor cumplimiento de estándares de gobierno corporativo, y la figura de sociedad anónima bursátil (SAB), que es la sociedad que cotiza en bolsa.
Por ello, la SAPIB es la transición para las empresas que quieren tener acceso al mercado de valores. Las empresas que se apeguen jurídicamente a este tipo de sociedad podrán listarse en la bolsa, con todos los beneficios que esto implica, en un plazo no mayor a tres años para converger al régimen de la SAB.
*La autora es catedrática de la Universidad Anáhuac del Sur . El texto fue dirigido por el Dr. José Carlos González Núñez.