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OPINIÓN: Los mandatarios y sus informes: mucha retórica y pocas cuentas

Los informes de gobierno han dejado de ser los momentos para los ciudadanos y se han convertido en espacios de proyección política personal
mar 06 septiembre 2011 02:46 PM
Aspectos quinto informe de gobierno Calderón 14
Aspectos quinto informe de gobierno Calderón 14

Nota del editor: El autor es profesor e investigador de la División de Estudios Políticos del CIDE y Doctor en Economía por George Mason University. Sus trabajos recientes han aparecido en la revistas Public Choice, Política y Gobierno, así como en los volúmenes Policymaking in Latin America y Debatiendo la Reforma Política.

(CNNMéxico) — Este es el mes de varios últimos informes de gobierno. Felipe Calderón rindió su quinto informe, pero fue el último antes de las elecciones federales de 2012. El gobernador Enrique Peña Nieto rindió su último informe el lunes; y Marcelo Ebrard lo hará en breve y poco antes de pedir licencia en el cargo.

El tono de unos y otros mensajes es diferente. El mensaje de Felipe Calderón busca justificar las decisiones más difíciles de su administración ante el esperado corte de caja que, tras 12 años de gobiernos panistas, habrá de ocurrir en julio de 2012.

El mensaje de Peña Nieto, por otro lado, es más triunfalista: es un primer discurso de campaña nacional. El mensaje de Ebrard, por su parte, será un mensaje de precampaña al interior de su partido.

El contenido genérico de los mensajes con motivo de un informe es muy similar. Se enumeran y celebran los logros (“nunca se habían puesto más ladrillos juntos en tan poco tiempo”), se reconoce la magnitud de los retos (“hemos avanzado pero falta mucho por hacer”), con cierta humildad se agradece al pueblo por el honor de haberlo servido y, por último, se hace un llamado a mantener el rumbo y el compromiso por cierta visión de futuro (“saldremos adelante”).

Con un presupuesto anual de poco más de 3,400 miles de millones de pesos (más de 30,000 pesos por habitante) lo difícil sería que el gobierno federal no tuviera algún logro que presumir.

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Si no se avanzó lo suficiente en cuanto a calidad de la educación o desigualdad, seguramente sí lo hizo el número de patrullas, aulas, clínicas o carreteras. Si la economía crece fue gracias a las buenas políticas públicas del gobierno. Y si no crece es porque la crisis vino de fuera o porque el congreso no aprobó las reformas que el país necesita.

¿El texto del informe permite saber si todo lo dicho en los mensajes es cierto o no? Conforme los informes se hacen cada vez más extensos y elaborados (el V informe del presidente Calderón tiene 778 páginas), al mismo tiempo se hace más difícil su evaluación.

En sentido estricto, nada hay de malo en ello: retórica y política van de la mano y el poder ejecutivo hace su parte. Una pieza fundamental de la rendición de cuentas implícita en una democracia representativa es que los gobernantes informen, expliquen y justifiquen su gestión ante el electorado (una rendición de cuentas vertical, por así decirlo).

Pero no es suficiente porque los ciudadanos no siempre tienen la capacidad de evaluar los detalles finos de la gestión y, sobre todo, porque no tienen mayor poder para sancionar más allá de su voto o su capacidad de protesta —lo cual no es poco, por supuesto, pero es un poder limitado.

El poder legislativo, contrapeso horizontal del Ejecutivo, es a quien le tocaría evaluar y en su caso sancionar una mala gestión de gobierno. Por desgracia, de un tiempo a esta parte a los legisladores les pareció una buena idea que el presidente sólo entregara por escrito su informe.

Así las cosas, Felipe Calderón solamente pisará dos veces el recinto legislativo: una cuando tomó posesión y otra cuando entregue su banda presidencial. Esto no es del todo malo para el Ejecutivo, después de todo al día siguiente puede emitir el mensaje que guste en el foro que guste y frente a la audiencia que guste. Es un circo a veces interesante, sí, pero no es un mecanismo de rendición de cuentas eficaz.

Desde la reforma de 2008, la Constitución mexicana prohíbe que la propaganda gubernamental (comunicación social, que le llaman) incluya “nombres, imágenes, voces o símbolos” personales.

La excepción es, según el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), 7 días previos y 5 posteriores a la fecha en que se rinden los informes. Es decir que sólo durante 13 días al año los mexicanos tienen derecho a ver mensajes promocionales con la voz y la cara de sus gobernantes.

El resto de los días, estamos sujetos a la cobertura noticiosa que eligen hacer los medios sobre el más reciente escándalo o tragedia. Así las cosas, tampoco debe sorprendernos que muchos ciudadanos no conozcan o no confíen en sus representantes.

Entre el afán de unos por humillar al presidente y no dejarlo entrar al Congreso, y la absurda preocupación de otros por limitar el tipo de información que puede recibir la ciudadanía, tenemos una rendición de cuentas pobre y poco eficaz: el ciudadano no conoce a sus representantes y no hay un mecanismo institucional que permita a los legisladores dialogar con el presidente.

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