En México es necesario instrumentar políticas públicas que contribuyan a conciliar la vida laboral, personal y familiar de las mujeres. En nuestro país, sólo un 6% de la población tiene la posibilidad de contratar a una trabajadora doméstica. Estas labores generalmente son desempeñadas por mujeres sin obtener ingreso alguno, lo que significa que
de los hogares alcance un 22.6% en relación al PIB (2009). El trabajo doméstico en México sigue siendo un tabú y un obstáculo para el pleno desarrollo de la población femenina.Actualmente, alrededor de dos millones de mujeres trabajan contratadas para
, las cuales perciben menos de dos salarios mínimos. Las cifras aportadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), al dar a conocer la Cuenta Satélite sobre el Trabajo No Remunerado en los Hogares -la cual se convierte en un referente para América Latina al ser la primera en su tipo que calcula el valor y el volumen del Trabajo No Remunerado de los Hogares- arroja datos preocupantes. El 60% de las trabajadoras domésticas en el país sufre jornadas extenuantes de trabajo y una paga mínima. Las cifras de esta Cuenta señalan que el 90% de la población que se dedica a este tipo de actividad son mujeres -las cuales son migrantes de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Puebla-, y que el 91% de las trabajadoras domésticas carece de seguridad social.Es urgente reforzar las políticas públicas existentes para que
pública y de vivienda que otorga el Estado. De igual forma se debe legislar para que este grupo -vulnerable- tenga mecanismos que le permitan informarse y defenderse ante agravios como humillaciones y violaciones. Estos dos y olvidadas por décadas. Tenemos la obligación moral -si aspiramos a ser un país de trato igualitario, de legalidad, de oportunidades, y moderno- de revertir esta lamentable situación de injusticia y de agravio a connacionales que merecen un trato más digno y más justo. Bien por el INEGI al dar a conocer estos datos -que sin duda incomodan- pero que deben dar respuesta inmediata a un problema latente de equidad y género en el país.* El autor es investigador del Centro IDEARSE para la Responsabilidad y Sustentabilidad de la Empresa en la Universidad Anáhuac México Norte.