OPINIÓN: Las premisas de la Ley Döring, la SOPA mexicana

Nota del editor: María Elena Meneses es Profesora e investigadora del Tecnológico de Monterrey. Puedes seguirla a través de su cuenta de Twitter @marmenes

(CNNMéxico) — ¿Restringir o multar a los usuarios que comparten y descargan contenidos protegidos por derechos de autor provocará que la gente compre más discos y vaya más al cine?.

Hasta ahora no hay estudios que lo demuestren y, por el contrario, hay un caudal de iniciativas con millonarios cabildeos detrás, como la Stop Online Piracy Act (SOPA) y la Protect IP Act  (PIPA) —congeladas en el Congreso de EU, luego del apagón de Wikipedia y la protesta de unos 10 mil sitios, ante lo cual, los congresistas prefirieron decretar un impasse, políticamente acertado en un año electoral—.

En los últimos años, la pulsión por imponer una jurisprudencia de la era industrial al entorno digital ha sido frecuente. La ley Sarkozy en Francia, la Sinde en España y los tratados multilaterales como el ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) han intentado proteger los derechos de autor en Internet mediante medidas criminalizantes.

Luego de que en 2011 el Congreso mexicano recomendó no firmar el ACTA -Acuerdo Comercial Antifalsificación- y teniendo como telón de fondo la discusión de las iniciativas SOPA y PIPA, el senador del PAN Federico Döring presentó en diciembre pasado una iniciativa con el mismo objetivo.

La propuesta plantea que el afectado solicite al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial —y con ayuda del proveedor de servicios de Internet— la dirección IP del presunto infractor, mismo que se hará acreedor a multas que llegarán hasta los noventa mil dólares.

Atribuir responsabilidades a intermediarios no es una buena idea pues podría ser desfavorable para la libertad de expresión y el derecho a la privacidad. También permanecerá el riesgo de que se intenten censurar contenidos incómodos para el poder político o empresarial.

Medidas similares se aplican desde hace varios años en EU. Según la organización Electronic Frontier Foundation, tan sólo entre 2003 y 2008, 30 mil personas fueron demandadas por la RIAA (Recording Industry Association of America).

La Ley Döring parte de las pérdidas de una industria que en el mundo ha reaccionado tarde al desafío de Internet, cifras carentes de sustento metodológico y de imprecisiones conceptuales. ¿Una descarga o compartir una canción equivale a no comprar un CD?

Conceptos como Cultura, Industria Cultural y Entorno Digital, son usados de forma poco escrupulosa con el afán de convencer que Internet es una amenaza y no una oportunidad de desarrollo.

Organismos como la UNESCO han reiterado que la cultura no se circunscribe a Lady Gaga, sino a toda expresión, esté dentro o fuera del mercado.

La iniciativa Döring atribuye a Internet los males de la industria fonográfica que “no puede competir contra particulares que comparten sus producciones a un precio cero”. Bajo dicha premisa, todos tenemos algo de pirata, lo cual es improcedente desde el el punto de vista metodológico y ético.

¿Un joven que comparte una canción debe ser equiparado con un delincuente que falsifica medicamentos?

Las lecciones que nos dejan la SOPA y la PIPA deben ser tomadas en cuenta en México. Por un lado, se debe tener claro que ya no basta el lobbying de la industria tradicional para tener éxito y que, ante dicha práctica, habrá un grupo de internautas que, por medio del crowdsourcing, cuestionen la afectación de derechos fundamentales y resalten las bondades de las prácticas culturales de las nuevas generaciones, para quienes no es necesario comprar un CD, sino  ahorrar para ir a un concierto o  comprar una tarjeta de iTunes.

El intercambio de archivos también favorece a la ciencia, a la educación y a los pequeños empresarios. Tal vez es momento de que en México —que tiene una realidad digital diferente— se piense en una tercera vía para el desarrollo de Internet, que no sea la estadounidense, ni la europea, mucho menos la que imponga la  industria del entretenimiento tradicional. Una opción que tome en cuenta que Internet es una poderosa herramienta para el desarrollo de una economía emergente.

Ya veremos los mexicanos el poder del lobbying y del crowdsourcing en la discusión de nuestra propia SOPA.

Las opiniones recogidas en este texto pertenecen exclusivamente a María Elena Meneses.