OPINIÓN: Oferta partidista y demanda ciudadana, ¿qué podemos esperar?
Nota del editor: Irma Méndez de Hoyos es profesora investigadora y coordinadora nacional de la Red de Investigación de la Calidad de la Democracia en México de FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales) en México.
(CNNMéxico)— La democracia es más que elecciones, pero no puede ser menos.
Comprende dimensiones relevantes como el Estado de Derecho, la rendición de cuentas, la participación, la libertad e igualdad, y la llamada responsividad, que es la capacidad de respuesta de los partidos y gobiernos ante las demandas de la sociedad.
La responsividad contribuye a que una democracia funcione bien, es decir, mejora su calidad. Esto sucede en la medida en que se establecen canales de comunicación claros y efectivos entre gobernantes y ciudadanos, por lo que es posible construir soluciones legítimas y responsables a los problemas públicos más urgentes.
La responsividad implica la conexión de las preferencias y/o necesidades de los ciudadanos con las alternativas presentadas por los partidos políticos en aras de vencer en las elecciones.
Si dicha alineación falla, y las demandas ciudadanas son ignoradas, resulta prácticamente imposible alcanzar la responsividad.
¿Cuáles son las condiciones políticas de la conexión entre ciudadanos y partidos/gobiernos?
Enlisto cuatro particularmente relevantes:
Primero, la posibilidad de que otras opciones partidistas puedan entrar a las contiendas electorales y desplacen a las no deseadas o con menor apoyo; segundo, la existencia de un número importante de ciudadanos dispuestos a modificar su preferencia electoral; tercero, la calidad y diferencia de la oferta de los partidos, y cuarto, la posibilidad de que el partido en el gobierno sea reemplazado o modifique sus estrategias ante un mal resultado electoral.
Desafortunadamente, en México, algunas de estas condiciones no parecen estar cubiertas.
La reforma electoral de 2008 buscaba elevar la calidad de las elecciones. Sin embargo, un análisis más profundo de algunas de las nuevas disposiciones en materia de partidos permite sugerir lo contrario: un número considerable de reglas limitan de manera notable las condiciones de la competencia, y pueden tener un impacto negativo en la responsividad.
Muestra de ello es la elevación de los requisitos para solicitar registro como partido político, así como el nuevo modelo de comunicación que, en los hechos, cohíbe el debate y spotiza la información de los partidos.
Las consecuencias son dramáticas pues no se crean incentivos para que las élites partidistas tomen en cuenta las preferencias de los votantes en su búsqueda por el poder; no hay incentivos para que los partidos mejoren su desempeño, ni como opciones electorales, ni en su papel de gobiernos; y se dificulta la comunicación entre electores y partidos, y entre ciudadanos y gobiernos.
Así, en la víspera de las elecciones federales y locales de 2012 –reguladas por las reglas aprobadas en 2008- lo que podemos esperar los ciudadanos mexicanos es desafortunadamente muy poco: posiciones partidistas poco claras, compromisos nulos o magros, propuestas que nunca mencionan el cómo ni cuándo, ni los resultados esperados, y una oferta que no responde a las demandas ciudadanas de más seguridad, más empleos y oportunidades económicas.
Si no hay incentivos para que los partidos hagan propuestas claras y compromisos firmes frente a las demandas ciudadanas, se estará condenando a México a tener no sólo elecciones de baja calidad, sino una democracia frágil, incapaz de construir soluciones eficaces y legítimas a los problemas públicos más relevantes del país.
Las opiniones recogidas en este texto pertenecen exclusivamente a Irma Méndez de Hoyos.