OPINIÓN: El ACTA, rebelión europea
Nota del editor: María Elena Meneses es Profesora e investigadora del Tecnológico de Monterrey. Puedes seguirla a través de su cuenta de Twitter @marmenes
(CNNMéxico) — Todo marchaba bien para los defensores del tratado multilateral antipiratería, ACTA (por sus siglas en inglés), hasta que algunos países europeos como la República Checa, Alemania, Polonia y Holanda prefirieron congelarlo ante la ola de protestas y la renuncia del parlamentario Kader Arif, quien calificó al acuerdo como una “mascarada” que afecta los derechos civiles.
El ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) es un tratado multilateral que negociaron 39 Estados y que busca universalizar medidas para proteger la propiedad intelectual en medios físicos y digitales. Aquí se encuentra su primera vulnerabilidad: ¿Cómo comparar los bienes tangibles falsificados con los intangibles que circulan en Internet y que portamos en nuestro iPod?
Según la versión final del acuerdo, la falsificación y la piratería, así como la proliferación de servicios de distribución, deterioran “el comercio legítimo y el desarrollo sostenible de la economía mundial”.
El desacuerdo radica en las estrategias –algunas de ellas vagamente descritas en 24 páginas– que pueden afectar algunas libertades y entrar en pugna con las legislaciones locales.
El ACTA contempla en su apartado sobre el entorno digital medidas penales y civiles contra los infractores de derechos de autor, así como la intermediación de los proveedores de Internet para brindar la información de los presuntos culpables. Preocupan también las denominadas medidas de frontera, en las cuales no queda claro si nuestros equipajes serán detenidos y abiertos.
La secrecía de las negociaciones y la renuencia de sus negociadores para transparentar los alcances del tratado son motivo de descontento. No es para menos, en México nos enteramos que el gobierno negociaba el controversial acuerdo por WikiLeaks, por algunos internautas como Geraldine Juárez y académicos como Alejandro Pisanty y León Felipe Sánchez.
En 2011, el Congreso mexicano recomendó al Ejecutivo no firmarlo, luego de establecer un grupo plural convocado por el Senado para discutir sus posibles efectos en un país que todavía no cuenta con un mercado fuerte de Internet.
El ACTA fue ideado por Estados Unidos y Japón, y se redactó sobre las bases de tratados comerciales relacionados con la propiedad intelectual, es decir, patentes y derechos de autor.
Para nadie es un secreto que estos derechos están en manos de países desarrollados, por lo cual el ACTA es un tratado que profundiza la desigualdad y castiga con rudeza extrema a economías menos prósperas.
Desde la perspectiva cultural, desconoce las nuevas prácticas culturales en donde compartir una canción y llevarla en un iPod no debería ser un delito.
Hacer de Internet un entorno hipervigilado inhibiría su crecimiento, ya que no sirve únicamente para descargar canciones sino para la adquisición de conocimiento, para el intercambio científico y para establecer un pequeño negocio.
Como ha señalado el director de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Francis Gurry, el ACTA es una medida reactiva para un modelo de negocio superado por Internet.
Esta batalla económica tiene sus frentes nacionales con leyes como la Sinde en España, la HADOPI en Francia, La Ley Döring , la SOPA y la PIPA.
El impasse impuesto por algunos países europeos al ACTA es un serio revés para sus defensores y, cuando menos, sugiere que algunos gobernantes y legisladores se están sensibilizando ante un tema complejo del cual entienden poco.
Estar en contra del ACTA no es estar en contra de los autores, es reconocer que la cultura se ha transformado y que se requieren nuevos marcos para su sustentabilidad y entendimiento.
Veremos qué decide en junio el Parlamento Europeo.
Las opiniones recogidas en este texto pertenecen exclusivamente a María Elena Meneses.