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OPINIÓN: Cuotas de género, cuestión de respeto al Estado de derecho

Para Dulce María Sauri, ex dirigente nacional del PRI, los partidos pensaron que no tendrían por qué cumplir con ese lineamiento
jue 29 marzo 2012 10:01 AM
En medio de protestas, los suplentes rindieron protesta para suplir a las diputadas juanitas
ntx-diputados-camara En medio de protestas, los suplentes rindieron protesta para suplir a las diputadas juanitas

Nota del Editor: Dulce María Sauri es militante del PRI. Fue legisladora local y federal por ese partido, además de gobernadora del estado de Yucatán y Presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del PRI de 1999 a 2002. Síguela en su cuenta de Twitter:  @DulceSauri

(CNN) — Si los partidos no cumplen con la cuota de género, no podrán registrar a sus candidatos, advirtió el Instituto Federal Electoral (IFE) este lunes, amparado en una resolución tomada en noviembre pasado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). 

Esta postura, desde mi opinión, implica una sorda lucha entre los partidos y la Ley electoral, ante la obligatoriedad de incluir a mujeres en sus candidaturas a diputaciones y senadurías en las respectivas cámaras.

Considero que este esfuerzo para ampliar la participación de las mujeres en el Poder Legislativo es válido por dos razones esenciales: las mujeres tenemos que cobrar protagonismo con más rapidez, en condiciones de igualdad con los hombres. Y también porque la llamada cuota está contenida en una Ley, por lo que incumplirla significaría pasar por alto el Estado de derecho —en la Cámara de Diputados deberá haber 120 candidatas de mayoría relativa y 80 en las listas de representación proporcional. En el Senado deberán ser 52: 26 de mayoría relativa y el mismo número de representación proporcional—. 

El combate a la impunidad pasa por el estricto cumplimiento de las cuotas de género en la próxima elección. Aunque les duela a los partidos, aunque perturbe acuerdos entre facciones y rompa intereses sectarios. Así son los grandes cambios: incómodos, perturbadores, pero rodeados de esperanza.

El 17 de octubre de 1953, la Constitución acogió el derecho político fundamental que es el voto para las mujeres. Con el paso del tiempo, muy lentamente, la presencia de la mujer fue aumentando en el Poder Legislativo. Pero muy lentamente.

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Con la intención de que tomara un mayor impulso, en México se contempló la figura de las "cuotas de género" a partir de 2001 y entró en vigor por primera vez en 2003, acción a través de la cual se convertía en obligatoria la inclusión de las mujeres en las listas de candidaturas a diputaciones y senadurías. Sí, hubo resistencias, pero los partidos no quisieron evidenciar su inconformidad, ya que hubiera resultado contraproducente manifestar su rechazo a una mayor participación de la mujer en el Poder Legislativo. 

En 2009, el IFE decidió que la cuota solo debía ser cumplida en las 200 candidaturas de la lista plurinominal y no en las de mayoría relativa. Y después aparecieron las Juanitas, mujeres que acabaron pidiendo licencia para finalmente ser sustituidas por sus suplentes, hombres. ¿Todos contentos? 

Pero para este 2012 la situación fue distinta. 

Lo que seguiría es la “lluvia” de juicios de protección de derechos políticos que inundará al Tribunal Electoral en los próximos días. Los hombres desplazados se quejarán. Pero todo podría haberse evitado si desde un principio los partidos hubiesen asumido que la Ley que ellos mismos aprobaron no es un adorno, sino algo que está para cumplirse.

Es un tema eminentemente de cultura política. La ley, me parece, se aprobó en el entendido de que no se aplicaría, que las cuotas establecidas en el artículo 219 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) no eran un mandato, sino una aspiración. Esta idea tiene mucho que ver con la concepción de los mexicanos sobre el Estado de derecho, que hay que hacer a un lado si su respeto implica afectar intereses individuales o colectivos. Por eso creo que esta resolución del Tribunal, que la tomó desde noviembre del año pasado, que la confirmó el 11 de enero, es de la mayor trascendencia, no sólo en relación a los derechos políticos de las mujeres, sino en cuanto al respeto a la Ley.

Una persona decía que México es el único país en que las leyes no ordenan ni obligan, sólo muestran aspiraciones. Eso tiene que cambiar. Ahora se está dando un importante paso.

Las opiniones recogidas en este texto pertenecen exclusivamente a Dulce María Sauri.

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