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OPINIÓN: En el laberinto del derecho, Guadalajara, un 22 de abril

Tras la explosión registrada en la capital de Jalisco, no fueron atendidos los intereses de los ciudadanos afectados
lun 23 abril 2012 03:47 PM
Guadalajara explosion 22 de abril
Guadalajara explosion 22 de abril Guadalajara explosion 22 de abril

Nota del editor: Surya Palacios es periodista y abogada. Se tituló en 1996 con la tesis "La actuación del Ministerio Público Federal en el proceso jurídico del 22 de abril de 1992". Su cuenta de twitter es  @suryapalacios

(CNNMéxico) — Olía a aguas negras, a polvo, y a comida que se quedó a medio hacer. Eran las once de la mañana de un miércoles de Pascua, el 22 de abril de 1992. A esa hora, en poco más de ocho kilómetros del sector Reforma de la ciudad de Guadalajara, el escenario era catastrófico.

Varias explosiones originadas por la presencia de hidrocarburos en el drenaje de la zona oriente de la ciudad, provocaron la muerte de 210 personas y la destrucción de 1,148 inmuebles, según cifras oficiales; el 15% de los habitantes de esa zona perdieron sus hogares; 1,460 ciudadanos resultaron heridos, y por lo menos 620 familias tuvieron que ser albergadas durante seis meses en instalaciones de la Universidad de Guadalajara, debido al riesgo que significaba regresar al área de la devastación.

Esa tragedia involucraba a funcionarios de la empresa Petróleos Mexicanos (Pemex) junto con el gobierno federal, aportó 331 millones de pesos que administró un patronato para pagar indemnizaciones y ayudas a 10,000 personas —, quienes presuntamente podrían haber tenido alguna responsabilidad, al menos así lo demuestran tres peritajes de la Procuraduría General de la República (PGR), en los que igual número de expertos coincidieron en que la petrolera había tenido una fuga de más de 220,000 litros de gasolina.

Esos hidrocarburos inundaron el drenaje del barrio de Analco. Los vapores emanados 48 horas antes advertían del peligro, pero la orden de evacuar la zona nunca llegó.

La magnitud del siniestro tuvo varias consecuencias: El entonces hegemónico Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdió el poder no sólo en Guadalajara, sino en todo el estado de Jalisco. El otrora gobernador, Guillermo Cosío Vidaurri, pidió licencia al cargo, y en el siguiente proceso electoral, en 1995, el Partido Acción Nacional y su candidato Alberto Cárdenas, ganaron la gubernatura por primera vez en la historia de esa entidad.

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También se gestó un movimiento ciudadano encabezado por los afectados y los familiares de las víctimas, en tanto que el periodismo de investigación experimentó sus mejores días en un país en el que reinaba la opacidad y aún estaban lejos las leyes de transparencia

Pero las explosiones del 22 de abril también mostraron las enormes fallas del sistema de procuración de justicia en México. La fiscalía, representada por el Ministerio Público Federal, dependiente de la PGR, estaba obligada a representar y defender a víctimas y ofendidos ante el Poder Judicial.

Sin embargo, desempeñar con certeza esas funciones implicaba acusar a una institución como Pemex que, al igual que la misma Procuraduría, forman parte del Poder Ejecutivo federal.

Es por eso que el Ministerio Público desechó dos años después del siniestro sus propias investigaciones, al no encontrar, desde su perspectiva, elementos suficientes para determinar la culpabilidad de varios funcionarios que pasaron ocho meses en prisión preventiva, entre ellos el entonces alcalde de Guadalajara, Enrique Dau Flores.

A pesar de haber reunido sus pesquisas en 45,891 páginas que conformaron 71 tomos, las Averiguaciones Previas 1170 y 1236/92 de la fiscalía fueron archivadas, luego de que el Ministerio Público Federal se desistiera de las mismas casi al concluir el proceso jurídico de las explosiones.

Oficialmente, el Ministerio Público Federal decidió no ejercer acción penal en contra de quien resultara responsable de los delitos de homicidio imprudencial, lesiones y daños.

La actuación de la autoridad contradijo sus funciones esenciales, pues no se defendieron, ni se representaron a cabalidad los intereses de la sociedad afectada. 

Las opiniones recogidas en este texto pertenecen exclusivamente a Surya Palacios.

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