OPINIÓN: El asesinato de periodistas, una fotografía de la realidad

Nota del editor: Darío Ramírez estudió Relaciones Internacionales y una maestría en Derecho Internacional en la Universidad de Leyes de Amsterdam. Trabajó en Naciones Unidas y ahora es director de Artículo 19, organización defensora de la libertad de expresión. Síguelo en su cuenta de twitter: @expresate33

(CNNMéxico) — Veracruz: 29 agresiones contra la prensa en 2011, 13 de ellas corresponden a periodistas desplazados, 4 agresiones físicas, 5 periodistas asesinados, 2 casos de intimidación, 1 periodista desaparecido, 1 atentado contra las instalaciones de un medio, 2 detenciones ilegales y 1 ataque cibernético.

La corresponsal del semanario Proceso en el estado de Veracruz, Regina Martínez, fue asesinada en su domicilio . El quinto asesinato de un periodista desde que Javier Duarte asumió la gubernatura del estado, el 1 de diciembre de 2010.

De acuerdo con las primeras versiones difundidas por los medios locales, un vecino reportó a las autoridades que la casa de la reportera había estado abierta por varias horas sin que se percibiera movimiento.

Elementos de Seguridad Pública acudieron al domicilio y en el interior encontraron el cuerpo sin vida, aparentemente por asfixia y con huellas de estrangulamiento, esto último reconocido por el gobierno estatal, a través del procurador Felipe Amadeo Flores Espinosa. La periodista había sufrido anteriormente la entrada de desconocidos que se llevaron algunas pertenencias de su hogar.

Regina Martínez había sido reportera de Proceso por una década y antes trabajó como corresponsal del diario La Jornada.

Antes de ella y durante la actual administración fueron asesinados:

Noel López Olguín, el 31 de mayo de 2012 quien trabajaba para Noticias de Acayucan; Miguel Ángel López,  y Misael López Solana asesinados el 20 de junio y Yolanda Ordaz asesinada el 27 de julio, éstos últimos tres trabajadores del diario Notiver. Apenas este jueves, fueron asesinados los fotógrafos Gabriel Huge, Guillermo Luna Varela y Esteban Rodríguez .

Como en el caso de Yolanda Ordaz, el procurador de justicia del estado declaró para desechar que el crimen tuviera relación con el desempeño profesional de la comunicadora. En el caso de Ordaz, el entonces procurador dijo que el asesinato se debía a la supuesta relación que establecen comunicadores con las mafias. En el de Martínez, la procuraduría local ha manejado la versión de que podría tratarse de un robo a casa habitación con lo que se puede sepultar la atracción el delito a la federación y que éste sea vinculado con el ejercicio periodístico de Regina.

Consecuencia de esto, y de unos videos mostrados por las autoridades locales, en los que a través de interrogatorios extrajudiciales a supuestos criminales, denunciaron nexos con algunos periodistas, 13 de ellos abandonaron el estado por los riesgos que para su seguridad implicaba seguir con su labor periodística. El patrón es la impunidad y la simulación, impunidad porque quién haya cometido el crimen contra Yolanda o Noel o Misael o Miguel o Regina sigue en libertad y porque la incapacidad de las autoridades lo ha permitido; simulación porque parece que se da pronta respuesta, se satura con conferencias de prensa y declaraciones, descartan de inmediato que haya relación con el trabajo periodístico e impiden, a propósito o no, que se activen los mecanismos existentes para estos casos.

El crimen de Regina ha coincidido con la aprobación de la Ley de protección de defensores de Derecho Humanos y periodistas. ARTICLE19 ha sido crítico de esta ley porque duplica los mecanismos actualmente establecidos y al mismo tiempo no ataca el problema central: la impunidad. Sostenemos que la Ley tiene una idea reduccionista de la protección y es reactiva ante el contexto violento de México,  como damos cuenta en el análisis legal que hemos dado a conocer . 

Siendo que las libertades de prensa y de expresión constituyen la piedra angular de una sociedad libre y democrática, y sin lugar a dudas juegan un papel primordial en el fortalecimiento y vigorización de cualquier régimen de libertades y derechos, reconocemos  los esfuerzos que sobre el respeto y protección al derecho a la libertad de expresión se lleven a cabo.

Parece que el asesinato de un periodista ya es una noticia breve, hay algo en la ecuación que hace que a la sociedad poco le importe, que no pueda dimensionar el daño que significa que asesinen a un periodista, el horror que representa que alguien sea asesinado por el hecho de hacer su trabajo y que este trabajo sea el ejercicio de un derecho fundamental. Algo debemos de hacer para que importe y ahí medios y sociedad civil debemos dar seguimiento a estos casos.

Con la recién aprobada ley de protección es probable que no se hubiese evitado el asesinato de Regina, el problema no radica en la creación de más leyes; las que hay deberían servir: la fiscalía especial para la atención a delitos cometidos contra la libertad de expresión, el mecanismo de protección de la SEGOB, el programa especial en la CNDH y los mecanismos de protección en los estados, paradójicamente Veracruz contó de 2006 a 2011 con una Comisión Estatal para la Defensa de los Periodistas que desapareció ante su nulo funcionamiento.

Engordar nuestro sistema legal no significa mayor eficacia, hoy debemos de unirnos todos en contra de la impunidad, ningún mecanismo de protección garantizará que se imparta justicia, pensarlo es pensar que se puede hacer periodismo con un chaleco antibalas, no se puede. Sin una exigencia articulada contra la impunidad claudicamos en aras de más simulación.

Las opiniones recogidas en este texto pertenecen exclusivamente a Darío Ramírez.