OPINIÓN: La libertad de expresión, un reto para el próximo gobierno
Nota del Editor: Ricardo González estudió relaciones internacionales y cursa la maestría en periodismo y asuntos públicos en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Es el responsable del programa global de protección para periodistas y defensores de derechos humanos de ARTICLE19 . Puedes seguirlo en su cuenta de Twitter: @Dr_Rigo_Mortis
(CNNMéxico) — En espera de que sean atendidas y ventiladas las impugnaciones interpuestas por los involucrados en el proceso electoral y que la autoridad correspondiente otorgue la constancia de mayoría al candidato vencedor, vale la pena llamar la atención del que será el nuevo presidente de la República sobre uno de los asuntos urgentes en la agenda de derechos humanos: la grave situación por la que atraviesa el derecho a la libertad de expresión.
Además de ser un derecho internacionalmente reconocido , las libertades de expresión e información son piedra angular de todo sistema democrático, ya que propician el ejercicio de otros derechos humanos.
Estas libertades son indispensables para la formación de la opinión pública. También son conditio sine qua non (condición necesaria o esencial) para el desarrollo de los partidos políticos, sindicatos, sociedades científicas y culturales y, en general, para quienes deseen influir sobre la colectividad. Es, en fin, condición para que la comunidad esté suficientemente informada. En consecuencia, se puede decir que una sociedad que no está bien informada no es una sociedad verdaderamente libre.
El análisis de las condiciones y garantías en las que se ejerce la libre expresión en México, arroja un balance colmado de claroscuros. Ciertamente contamos con una ley de transparencia y acceso a la información pública, pero también padecemos una concentración de la propiedad de los medios de comunicación que inhibe la diversidad de fuentes y la pluralidad de voces.
Además, la relativa apertura de los medios de comunicación producto de la alternancia en el poder al comenzar el milenio, se vio opacada por la permanencia en 14 Códigos Penales del delito de difamación, injurias y calumnia.
No son pocas las voces desde la sociedad civil nacional y extranjera , así como desde los organismos regionales e internacionales , que han hecho señalamientos puntuales sobre esos temas, y considero que de manera sistemática, la administración saliente del presidente Felipe Calderón los ha ignorado o minimizado.
La crisis en números
Las agresiones físicas constituyen el método más extremo de censura. En México, 72 periodistas han sido asesinados del año 2000 a la fecha por razones presumiblemente relacionadas con su actividad profesional y 13 más permanecen desparecidos.
Tan sólo del 2008 a la fecha, 8 periodistas y sus familias tuvieron que exiliarse en el extranjero y un número mayor aún no determinado se convirtieron en desplazados, al tener que huir de sus comunidades por temor a alguna represalia.
Durante la administración saliente fueron asesinadas 47 personas que ejercían la libertad de prensa. Todos y cada uno de estos casos permanece en completa impunidad. A pesar de que el presidente saliente Felipe Calderón asegura que los grupos del crimen organizado son quienes amenazan a la prensa, la evidencia lo contradice. De acuerdo con la información de ARTICLE 19 , por lo menos durante los últimos 3 años, servidores públicos de los tres órdenes de gobierno han sido señalados como responsables de la gran mayoría de ataques e intimidación contra la prensa.
Indiferencia y simulación
Durante los últimos 15 años se han creado varias instancias especiales para atender los efectos y causas del problema, todas con mínimos recursos o falta de resultados concretos: un programa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que ni siquiera logra presentar cifras coherentes y confiables sobre el número de víctimas u agresiones, una Fiscalía Especial para Delitos contra de la Libertad de Expresión que en sus 6 años de existencia cambió 4 veces de Fiscal y solo ha logrado una consignación, o un Gobierno federal que anuncia la creación de un mecanismo de protección para periodistas que está marcado por el malgasto de recursos públicos.
Desde 2008, varias organizaciones de derechos humanos y libertad de expresión plantearon dos demandas: la creación de una política de protección y asignar la facultad de investigación de los ataques en contra de la prensa al gobierno federal. Al Estado mexicano le tomó más de 4 años atender parcialmente estas demandas.
El 22 de junio se anunció la entrada en vigor de la Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas , una medida que en lugar de resolver los obstáculos existentes los institucionaliza .
También hace algunas semanas, el Poder legislativo adicionó el Artículo 73 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, para que sea la federación la instancia encargada de investigar los casos . Si bien este es un paso en la dirección correcta, todavía resulta insuficiente si no se fortalecen las facultades y capacidades de la Fiscalía Especial para Delitos en contra de la Libertad de Expresión.
Revertir el silencio
No hay solución mágica. Sin embargo, el patrón de violencia en contra de la prensa puede ser revertido con acciones simples pero contundentes: combatir la impunidad, ofrecer medidas de protección preventivas y de emergencia a periodistas que enfrenten un riesgo inminente, promover y proteger la diversidad de fuentes, y la pluralidad de voces.
No bastan las declaraciones que reiteran el respeto irrestricto al ejercicio periodístico. Se necesita que la voluntad política del Estado mexicano se traduzca en acciones concretas.
En un cuestionario entregado por Amnistía Internacional a los candidatos y candidata, Enrique Peña Nieto —el virtual Presidente electo— señaló que “cualquier normativa que proteja a defensores de derechos humanos y periodistas no solo será acatada por el Poder ejecutivo, sino apoyada con la mayor de las convicciones y con los recursos necesarios para su efectividad.”
Ahora que el proceso electoral está por concluir, resulta urgente pasar de las promesas de campaña a los detalles del diseño de una política de protección efectiva para quienes ejercen el derecho a la libertad de expresión.
Sin la intervención efectiva del Estado, la prensa en México continuará sometida en la espiral de violencia, impunidad y silencio que hasta ahora ha padecido. Si no hay una prensa libre, crítica e independiente, la sociedad no puede ejercer plenamente sus derechos.
Considero que sin libertad de expresión no hay democracia posible.
Las opiniones recogidas en este texto pertenecen exclusivamente a Ricardo González.